El presidente Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para conjurar lo que denuncia como un «golpe de Estado» de la oposición, volcada a las calles para exigir elecciones generales.
¿Qué se sabe de esta propuesta para reformar la Carta Magna?
Los objetivos
Maduro, elegido hasta enero de 2019, se fijó nueve objetivos sin ahondar en su contenido, aunque asegura que no se redactará una nueva Carta Magna.
«Ganar la paz y aislar a los violentos» asegurando su castigo; instaurar un modelo económico que abandone el rentismo petrolero; dar rango constitucional a los programas sociales; elevar las penas contra el homicidio y abordar la lucha contra el terrorismo, de lo cual acusa a la oposición en las protestas.
También, establecer «nuevas formas de la democracia directa»; una política exterior que rechace el intervencionismo; consagrar la «nueva venezolanidad»; derechos de la juventud; cambio climático.
Una comisión presidencial liderada Elías Jaua -exvicepresidente y una de las principales figuras del chavismo- impulsará la iniciativa en los sectores sociales.
Los integrantes y su elección
La Constituyente «popular, sin élites ni partidos» estará integrada por 500 asambleístas. La mitad será elegida de forma sectorial, por lo que sindicatos, campesinos o minorías sexuales podrán escoger a sus representantes. Los demás serán seleccionados por circunscripción municipal.
Maduro no ha explicado cómo se definirán esos sectores, en algunos casos divididos entre quienes apoyan al gobierno y la oposición, como los estudiantes universitarios.
En particular ha mencionado a «la clase obrera, las comunas, las misiones y movimientos sociales».
A través de las misiones sociales, el gobierno mantiene influencia en los llamados consejos comunales, una forma de organización del llamado poder popular que el chavismo aspira a que en el futuro configure un «Estado comunal».
Según Maduro, los constituyentes serán elegidos «en las próximas semanas» bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado por la oposición de servir al gobierno, «mediante voto universal, directo y secreto».
Sin embargo, constitucionalistas como Enrique Sánchez opinan que al no abarcar el total de electores no se puede hablar de voto universal, sino sectorial.
La oposición interpreta que de ese modo Maduro se asegurará una Constituyente «a su medida».
Refrendación
Los expertos sostienen que, según la Constitución, el mandatario solo tiene la potestad de proponer la Asamblea Constituyente, pero que son los ciudadanos quienes deciden, mediante referendo consultivo, si la quieren o no.
Maduro no ha aludido a dicha consulta y tampoco ha precisado si los cambios serán refrendados en las urnas.
El fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) sometió a referendo la convocatoria a la Asamblea Constituyente que redactó la Carta Política de 1999, legitimada mediante votación.
Ese texto derogó la Constitución de 1991, creando dos nuevos poderes públicos: el Electoral y el Ciudadano (integrado por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Fiscalía).
Asimismo, se amplió el período presidencial de cinco a seis años (en 2009 una enmienda instauró la reelección indefinida), mientras el Congreso bicameral dio paso a una Asamblea unicameral.
Los temores
La oposición asegura que la Constituyente de Maduro es ilegal y «consolida un golpe de Estado» para eludir cualquier elección y perpetuarse en el poder.
Además, advierte que el Parlamento -bajo control opositor desde 2016- quedaría disuelto de facto, pues todos los poderes públicos estarían subordinados a la Constituyente mientras ésta legisle, según prevé la Constitución.
También señala que las eventuales «nuevas formas de democracia participativa, protagónica y directa» supondrían un «brinco a un sistema tipo Cuba», donde «el proceso de elección de los diputados lo hacen los comités de defensa de la revolución».
