Con los excesos en la represión de las marchas de la oposición, la abundancia de gases lacrimógenos vencidos, el aumento de personas que han perdido la vida solamente por reclamar su derecho a vivir en libertad y a tener unas elecciones libres, como ocurre en cualquier país “democrático”, crecen las violaciones de los derechos humanos que se convierten en delitos de lesa humanidad y se sigue ampliando la lista de funcionarios del alto Gobierno, del Poder Moral, generales de uno, dos y tres soles y funcionarios subalternos, quienes una vez que retorne el Estado de Derecho al país, tendrán que rendir cuentas, ante el tribunal de La Haya porque no tienen escapatoria, aún cuando hoy creen que permanecerán eternamente en sus cargos.
Aún cuando nunca ha sido santo de la devoción de mucha gente, quienes estiman que también tiene parte de responsabilidad en todo lo que en estos momentos acontece en el país, la Fiscal General se ha convertido en una “piedrita en el zapato”, para el Gobierno y para el PSUV, sus últimas actuaciones y las posiciones públicas asumidas, seguramente le han generado muchos cuestionamientos, aún cuando lo que ha estado haciendo es llamando las cosas por su nombre, por ejemplo, nadie ha salido a refutar lo de las detenciones de los cuerpos de seguridad, desconociendo el debido proceso y sin cumplir con los procedimientos establecidos en la normativa legal vigente.
Por cierto, con toda pertinencia una lectora de esta sección escribe: “Señora Fiscal: Usted ya comprobó el delito cometido por el TSJ, el Defensor del Pueblo, Vicepresidente y Presidente, ¿ahora qué va a hacer? Porque el delito persiste, lo que hizo el TSJ, el procedimiento al rectificar la sentencia no es legal. Lo de las bombas lanzadas por el helicóptero y francotiradores apostados en los techos, lo vio todo el mundo, ¿qué va a hacer usted? Los funcionarios que han golpeado y han asesinado y siguen matando a manifestantes (han sido identificados en videos y fotos), qué va a hacer usted? El pueblo venezolano espera sus acciones”.
Se quedaron con los ojos claros y sin vista, los ediles de Iribarren, con la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, dejando sin efecto la reforma sobre el Cono de Seguridad del Aeropuerto, ya que no tienen ninguna explicación para darle a las personas que fueron autorizadas para asentarse en la zona. Lo grave es que con esta sentencia los concejales que aprobaron tal adefesio jurídico, pudieran ser objeto de sanción penal y ser inhabilitados hasta por dos años, lo cual afecta a algunos en particular, ya que la norma vigente señala que aquellas personas que hayan sido sometidas a juicio, como el Pantera y el Pran de la UPEL, no tienen derecho a medidas sustitutivas.
A propósito, gente acuciosa nos revela que esta es la 6ta sentencia que lleva en contra el Porcino. La 1era. Se produjo cuando le declinaron la competencia en el juicio del Consejo Local. La 2da., cuando perdió ese caso en Sala Electoral. La 3ra. cuando perdió el caso de los buhoneros de la calle 42. La 4ta. cuando ordenaron incorporar al Concejal Ibrahim Querales y la 5ta. Cuando le negaron el control de la Gaceta Municipal, resultando lo más sorprendente en este caso, que el máximo tribunal que todo el mundo sabe que es rojo, rojito haya dictado esta decisión en contra de un Concejo de su mismo color, lo que revela que la procesión va por dentro, también hablan de una “reunión” y un “acuerdo” donde alguien le vendió su alma al diablo.
Aseguran que la trifulca que formó el Pran del pedagógico, supuesto cabecilla de unos colectivos que pernoctan en una invasión cercana al Parque Ayacucho, que lleva el nombre de un connotado arquitecto venezolano, fue de pronóstico reservado; luego sale a lavarse las manos como Pilatos, pero todos los larenses ya lo conocen y advierten que dejará sin votos en Lara, al PPT y al PSUV. En la esquina de los lamentos dicen que supuestamente vieron a estos mismos colectivos, dizque amedrentando y agrediendo a la gente en la Sucre, donde el ensañamiento de los verdes fue brutal, al extremo dizque impidieron el ingreso de la ambulancia de los bomberos a rescatar los heridos.
Los concejales no tienen potestad para destituir al Alcalde, por el contrario el Art. 143 del Código Penal señala que podrían ser sancionados con prisión de 12 a 24 años, “Los que se alcen públicamente, en actitud hostil, contra el Gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando”; “En la mitad de la pena referida incurrirán los que cometen los actos a que se refieren los números anteriores, con respecto a los Gobernadores de los Estados, los Consejos Legislativos de los Estados y las Constituciones de los Estados; y en la tercera parte de dicha pena, los que se cometieren contra los Alcaldes de los Municipios”. Así que más claro no canta un gallo, ya están advertidos y saben a qué atenerse.
Dizque para que no haya lugar a duda, aseguran en la esquina de los lamentos, que la interventora de la Contraloría Municipal de Iribarren, habría colgado en sus cuentas en las redes sociales, fotografías de sus vacaciones en Dubai, en el Medio Oriente, donde se la ve sonriente brindando con una copa en la mano y en otra con un fondo panorámico donde se observan varios camellos, lo que sigue obligando a los trabajadores de esa corporación a preguntarse, ¿Quién autorizó ese viaje, la Alcaldía o el CM? ¿Acaso el sueldo de la funcionaria da para tanto? Aseguran que la noche en el hotel más barato no baja de 3.000 dólares.
Sería interesante averiguar si es cierta la versión que circula en la cárcel de Uribana, donde al parecer les han anunciado a los guardias nacionales que cumplen funciones de custodios, que les van a cambiar el uniformes, y la excusa que supuestamente les han dado es que porque están en guerra con la oposición, lo que ha generado un profundo malestar en la tropa, que se niegan a aceptar este tipo de manipulaciones malsanas que buscan seguir envenenando la mente de los efectivos.
SOS urgente. Los vecinos de Villa Productiva, específicamente en el ámbito 3 Av. A calle el Caney, formulan un llamado al gobernador, al alcalde, a Corpolara, también a Carmelina y al gobierno nacional para que acometan a la mayor brevedad, el embaulamiento de la quebrada de la zona, así como implementar las acciones para acometer la colocación de cloacas, iluminación y recuperación de la cancha deportiva y seguridad policial, ya que en la zona no se ve una patrulla ni siquiera para remedio, no deben olvidar que a la hora de las elecciones ellos también votan.
Aseguran que el gran ganador de la marcha del 19 de abril en Lara, al parecer fue un alto funcionario del terminal de pasajeros de la capital musical de Venezuela, quien se encargó de contratar a los 140 autobuses para transportar participantes en la marcha regional, aseguran que el personaje cobró Bs. 30 mil por cada unidad y pagó Bs. 20 mil, quedándole 10 mil por cada bus, pero además habría metido buses que nunca llegaron a las parroquias a buscar a los viajeros, o sea que como dicen algunos dirigentes políticos, el personaje se “llenó los bolsillos” sin movilizar ninguna unidad autobusera. Es decir fue un negocio redondo.
Un llamado urgente están haciendo a las autoridades de la Zona Educativa del estado Lara, para que asigne con la prioridad del caso, un Director para la Escuela Técnica de Comercio “Dr. Ambrosio Perera”, ubicada en la calle Capanaparo, Urb. Fundalara, Barquisimeto, ya que al parecer y según comentan los usuarios, el actual Director nunca se consigue en el Liceo y se requiere su presencia, por cuanto existen problemas graves que necesita resolver de inmediato y con su ausencia estos problemas se agudizan.
En muchos sectores de Carora se han elegido los Consejos Comunales, cumpliéndose con todas las disposiciones y normativas establecidas, pero resulta que quienes han resultado electos son luchadores sociales opositores, de allí que cuando les toca legalizar su situación ante Fundacomunal, en Barquisimeto se tropiezan con la muy desagradable sorpresa, de que les echan todo para atrás, con la burda, ilegítima y discriminatoria excusa, que no los pueden registrar por cuanto la orden es que deben ser rojitos, rojitos lo que según los conocedores no aparece escrito en ninguna norma legal, lo que se convierte en otro abuso de autoridad.
El jefecito mayor y jefecitos de división del ente recaudador de la Torre de David, al parecer están obligando a los trabajadores a participar en la marcha oficialista del Primero de Mayo, los primeros que se han puesto a la orden, dizque son los que presuntamente realizan actuaciones muy poco ortodoxas, entre ellos algunos de fiscalización, jurídico y recaudación, quienes de esta manera pretenden ganarse unos puntos para mantenerse en sus cargos y continuar con sus negocios.
