La visita del presidente Nicolás Maduro a Barquisimeto –del pasado domingo 9 de abril– marcó un punto de inflexión para la represión de los cuerpos de seguridad del Estado a las protestas en rechazo al Gobierno nacional que se han originado en la entidad, durante las cuales, específicamente desde el jueves 6 de abril, se han producido cuatro lamentables asesinatos, decenas de heridos, más de 100 detenciones arbitrarias, saqueos y destrozos.
Al menos un lesionado de gravedad y once privados de libertad (todos por la Policía Nacional) se reportaron en los tres días de protestas previos a la alocución que hiciera el Ejecutivo nacional desde el Manto de María; mientras que, durante el trío de días posteriores y con el protagonismo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), se suscitaron más de 30 aprehensiones arbitrarias, decenas de heridos, dos muertes y se hirió de gravedad a Gruseny “Tony” Canelón, quien, horas después, se convertiría en la tercera víctima mortal de la represión en Lara.
Para el sociólogo y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Ucla), Nelson Fréitez, a la región se le cobra, con ensañamiento militar y paramilitar, que la mayoría de la población no respalde al Presidente de la República.
“Estamos sometidos a una oleada represiva que tiene sus antecedentes de un ciclo de 2013 y que tiene particular intensidad en Lara, como también en Miranda, porque posee gobiernos opositores”, sostuvo.
Las alarmantes cifras rojas aumentan en esta ocasión, cree el profesor universitario, porque las protestas han sido más significativas y, sobre todo, cuentan con la participación de residentes de los sectores populares, como lo es el norte de la capital larense y los municipios foráneos.
“A la urbanización Sucre, por ejemplo, se le castiga porque puede ser una referencia emblemática para los barrios del norte, oeste y suroeste (…) La represión es más brutal e intensa porque el Gobierno no tiene respuesta en materia de políticas públicas para satisfacer las necesidades de los venezolanos y se afinca creyendo que la gente se va a asustar y va a dejar de protestar”, expuso.
Estima que la ciudadanía de estos sectores populares continúe en las calles de Venezuela reclamando por sus derechos económicos y sociales, es decir, comida y medicinas; más que por sus derechos civiles y políticos.
“El hambre es el mayor detonante de la protesta popular y el Gobierno no la puede parar, así utilice paramilitares. En los estacionamientos de la CVA, de la Zona Industrial I, aprovecho para denunciar, se proveen estos grupos. Se han visto unos 60 motorizados que se desplazan por toda la ciudad”, declaró.
Asimismo, recalcó que la mayoría de los hechos de uso excesivo de las fuerzas militares y policiales no se han investigado, por lo que la impunidad, como arma de control política, seguirá propiciando la represión.
Perfil de los detenidos
La mayoría de los detenidos de manera arbitraria en la región son residentes de zonas populares, aseguró a EL IMPULSO el director de la Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz), Andrés Colmenárez.
El 60 % de ellos no supera los 22 años de edad, mientras que el resto no supera los 50 años, reveló.
“Hay un detenido de la barriada de Santa Isabel, por ejemplo; están los de la Sucre, hay otro -ya libre- con válvulas en el cerebro porque tiene hidrocefalia (…) Nunca había tenido el estado Lara tanto menores de edad por manifestaciones como ahorita que van 36”, señaló Colmenárez, al intentar poner rostro a los privados de libertad.
Asimismo, quiso destacar lo que fue la aprehensión, el pasado 10 de abril, de un padre de familia junto a su hijo y sobrina, quienes se encontraban asistiendo a una cita médica en la urbanización El Parque de Barquisimeto, provenientes de Yaritagua.
“Uno de los patrones de la represión es que detienen a un número de chamos y el que presentan resulta menor, los otros no aparecen porque los liberan por circunstancias extrañas”, acotó.
Cabe destacar que los delitos que normalmente imputan a los detenidos son resistencia agravada, lesiones personales, e instigación pública.
Procedimientos:
El abogado colaborador en el capítulo Lara del Foro Penal Venezolano, Abraham Cantillo, afirmó que más del 90 % de las presentaciones de los detenidos durante las manifestaciones en la región están llenas de nulidades, es decir, están viciadas.
“Estamos jugando un juego en el que yo pongo todas las reglas y tú tienes que cumplirlas”, explicó en función del accionar de los jueces del Circuito Judicial Penal del estado Lara, el cual, a su juicio, mantuvo la posición tras remoción -el 19 de abril- de Jorge Eliecer Rondón de su cargo como presidente.
Expuso que cada vez se colocan más trabas para otorgar la libertad con la intención de “castigar a los manifestantes”.
En este sentido, considera Cantillo, las arbitrarias aprehensiones constituyen una evidente violación al derecho a la protesta de los ciudadanos.
“La intención (del Gobierno) es manipular para que se extinga la protesta. Esto violenta tratados internacionales como el Pacto de San José, la Convención de Viena y el mismo trata de la Celac”.
Identificó el Foro Penal, en el caso de la entidad larense, que todas las detenciones han sido irregulares y en el 95 % de ellas no se muestran elementos de convicción, es decir, “algo que pueda probar los hechos, sino que predomina lo dicho por los funcionarios”.
Asimismo, sobre el particular caso de los seis jóvenes que fueron enviados a la cárcel militar de Ramo Verde, criticó que, entre otras anomalías les hayan imputado delitos militares (asalto al centinela y violación de la Zona de Seguridad).
“Ellos son civiles pero los juzgan militarmente porque ellos quisieron. Es decir que cada vez que usted pasa con su automóvil frente al Core 4 viola la Zona de seguridad”, se preguntó.
