Si el Gobierno no hubiera militarizado el país, no se habría generalizado la violencia y las manifestaciones públicas de quienes están descontentos con las políticas del Gobierno y las decisiones absurdas e inconstitucionales del Tribunal Supremo de Justicia se habrían desarrollando con toda normalidad.
Tras expresar esa opinión, el Dr. Jorge Rosell, ex magistrado del máximo tribunal del país e integrante del Bloque Constitucional de Venezuela, considera que ha sido un exabrupto y una imprudencia muy grave, criminal, estar armando a un cuerpo paramilitar como es el de la milicia bolivariana, que por lo demás también está fuera de la Constitución y de las leyes.
De igual manera critica que los militares actúen junto con los colectivos motorizados y armados en la represión de manifestaciones de ciudadanos pacíficos y que protestan sin armas. Y, por otra parte, se muestra frustrado por el fracaso de la aplicación del Código Orgánico Procesal Penal, del cual fue co-redactor.
Militarización y violencia
¿Cómo observa la represión a las manifestaciones, contra las cuales se están utilizando inmensas cantidades de bombas lacrimógenas y perdigones?
-La manifestación es un derecho ciudadano. La limitación fundamental es que no sea violenta, ni con armas. Así lo establece la Constitución, la cual también precisa que no puede ser reprimida ni con armas, ni con sustancias tóxicas. ¿Y qué hemos visto? Manifestaciones de miles de personas que son obstruidas por fuertes contingentes militares, que empiezan y no se cansan de dispararles bombas lacrimógenas y perdigones.
-¿No es exagerado también el uso de tanquetas? ¿Y no se comete delito cuando personas indefensas son obligadas a tirarse al suelo y después les disparan perdigones?
-Indudablemente. El problema fundamental es que el control de manifestaciones de ciudadanía en la calle no le corresponde a la Fuerza Armada. La función de ésta es la de garantizar la soberanía del territorio y estar presta para la guerra, para la destrucción del enemigo. Y por supuesto su mentalidad es la del enfrentamiento. La policía es la que debe tener el orden de los ciudadanos y poner en buen resguardo a aquellas personas que sean sorprendidas en flagrancia en la comisión de hechos punibles. Son dos visiones diferentes en la actividad que deben desarrollar. Desgraciadamente, la militarización es la que ha originado esta represión desbordada.
Terrorismo oficialista
-¿Qué le parece la utilización de la palabra terrorista por parte del Presidente de la República y el ministro de la Defensa para la oposición?
-Es que yo pienso que sí hay terroristas, pero de parte del oficialismo. Es terrorismo eso que están haciendo contra los manifestantes. Aterrorizarlos con sus ataques hasta obligarlos a caer al río Guaire, contaminado. Ese terrorismo de Estado es un delito de lesa humanidad, que es el tipificado cuando se ataca a poblaciones, como el caso de una manifestación pública de miles de personas. Diferente al delito común que se presenta cuando una persona ataca a otra u a otras.
-Sectores de oposición –le comentamos- han denunciado que se ha llegado al extremo de utilizar la justicia militar contra civiles.
-Un civil puede ser enjuiciado por la justicia militar siempre y cuando cometa hecho punible previsto en el Código de Justicia Militar, como por ejemplo participar en un alzamiento.
Currículum o prontuario
-El Presidente insiste en que está dispuesto al diálogo y la oposición le responde que el mejor diálogo son las elecciones. ¿No hay salida?
-Los ofrecimientos del gobierno son demagógicos, engañosos. Por eso fracasó el llamado diálogo de octubre y noviembre del año pasado. Si el Ejecutivo no cumplió entonces, nadie le va a creer.
-En ese mismo sentido, ¿no ha perdido credibilidad un Tribunal Supremo que dicta dos sentencias y por orden presidencial las modifica, además de ser cuestionado su presidente por haber estado en la cárcel?
-Desde que fue designado el magistrado que hoy preside el TSJ se dice que para ser magistrado no es necesario tener currículum sino prontuario policial. El problema que existe en la justicia venezolana es que no hay instancia donde pueda recurrir el ciudadano, porque todas están copadas por el oficialismo. Esta es la razón por la cual se produce lo que vemos diariamente: manifestaciones en la calle. A la gente no le queda otra salida que protestar enérgicamente, y lo está haciendo de manera pacífica, porque este es un pueblo profundamente democrático, que confía en las leyes y en la Constitución. No así la justicia que tiene.
