El exceso de la violación de los Derechos Humanos durante el régimen chavomadurista, despreciando todos los Tratados Internacionales firmados y refrendados por los Poderes Públicos correspondientes, e incluso lo establecido en la Constitución Nacional Bolivariana, ha sido de tal magnitud, que centenares de casos ya se encuentran en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, presentados por Organizaciones no gubernamentales, para ser analizados por jueces independientes, y sancionados los responsables.
El establecimiento de los Derechos Humanos en la Constitución Nacional y en todas las Cartas Magnas del mundo civilizado, y la creación de instituciones nacionales e internacionales para vigilar el cumplimiento de tales normas fundamentales en la sociedad contemporánea, es considerado como uno de los avances de mayor trascendencia en la búsqueda de un régimen que garantice el progreso material y espiritual del ser humano. Por diferentes aberraciones humanas, no lo han podido disfrutar los pueblos donde la cultura de la violencia ha predominado en la conciencia no sólo de los gobernantes, llegados al poder por la fuerza de las armas, sino también en algunos casos, como el venezolano, ungidos por el voto mayoritario de la población, o mediante el fraude electoral.
Los asesinatos más de casi 30 manifestantes pacíficos en lo que ha transcurrido del mes de abril, por parte de los cuerpos represivos del gobierno y los grupos paramilitares oficialistas, que actúan bajo el amparo de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana, ha conmovido al mundo democrático, cuyas autoridades ejecutivas y legislativas le han tendido un cerco de rechazo al régimen de Nicolás Maduro, que para no verse expulsado de la OEA decidió retirarse de ese organismo interamericano. Pero por las informaciones que circulan en medios políticos internacionales será expulsado del Mercosur, por no cumplir con las disposiciones de respeto al Estado de Derecho que establece el Acta Constitutiva de este organismo.
La sistemática violación de los Derechos Humanos por parte de los órganos represivos del gobierno de Maduro, unida al rompimiento del Orden Democrático al desconocer las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional, la arbitraria prisión de líderes importantes de la oposición y la inhabilitación de otros; la hambruna a que ha sometido a la mayoría de la población por sus políticas equivocadas y destructivas, y las manipulaciones a través del Consejo Nacional Electoral, para no realizar elecciones libres y supervisadas por organismos internacionales, ha provocado la protesta contundente, aunque pacífica y constitucional de la mayoría de los venezolanos en las avenidas y calles de las principales ciudades del país, pidiendo que se cumpla la Constitución Nacional y que el pueblo decida mediante el voto, el rumbo de la nación.
Las denuncias sobre la violación de los Derechos Humanos no quedarán en la OEA, sólo como testimonio de la actuación de funcionarios del gobierno que utiliza la violencia contra civiles indefensos, condenado por El Estatuto de Roma, aprobado y ratificado por Venezuela. Si por ahora no pueden ser juzgados por sus delitos de lesa humanidad, éstos no prescriben y su impunidad será transitoria, y sus autores recibirán la sanción de los tribunales nacionales e internacionales cuando las circunstancias lo permitan.
