Es una casa de paredes blancas, ubicada en la calle 60 con carrera 13, zona oeste de la ciudad, en las afueras de la morada se observan sillas y un grupo de personas, algunas vestidas de negro y la gran mayoría mujeres con rostros hinchados y hasta con caras de cansancio.
La vivienda es bastante humilde, pero ese era el hogar de Eyker Daniel Rojas Gil (20), quien fue la quinta persona en fallecer de forma violenta durante las manifestaciones en Lara.
Su féretro fue ubicado en la sala, un cuarto bastante pequeño y algo oscuro. Sus seres queridos lo observaban para contemplarlo por última vez, sobre el ataúd estaba n ramo de flores envuelto en papel periódico y otro con un matero, apenas tenía una corona pequeña, sin embargo estaban haciendo una colecta en el lugar para comprar más flores y usar el dinero además para otros gastos.
Dentro de la sala está sentada una joven la cual amamanta un pequeño de apenas 8 meses, vestía una camisa de cuadros y unas bermudas oscuras, en ocasiones sonreía. Este pequeño era la luz de los ojos de Rojas Gil, el motor que ahora lo impulsaba a salir a trabajar a diario, pues era su hijo. Niño que ahora crecerá sin conocer a su padre.
Sus familiares indican que ha sido un dolor muy fuerte su pérdida, nunca pensaron que iba a morir de esa manera.
Eyesnai Salas, manifiesta que muchas personas aún no creen lo sucedido y se han acercado a su hogar para constatar la veracidad del hecho. “La gente de la comunidad está asombrada con lo que paso”, destaca la joven.
“Los que mataron a mi hermano tienen que pagar. Tenemos esperanzas que esto no se quede así”, indica también la hermana con un tono de molestia.
A ella se unen otros familiares y vecinos del hoy occiso quienes aseguran que era un joven muy conocido en la comunidad, que se la pasaba en la plaza Miranda reunidos con amigos, sin meterse con nadie. “Por eso es que aquí a la casa han llegado jóvenes que estuvieron en el momento en que la Guardia Nacional disparó y están dispuesto a ser testigos”, comenta una de las vecinas, quien prefirió no revelar su identidad.
A la misma vez que indicó que la única armas que cargaban los jóvenes ese día eran cohetes y piedras.
Enyelber Guédez, tío de Rojas Gil fue más contundente, explicando que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresa muy claro el derecho a manifestar y con ello mismo indica que sabe que “está prohibido el uso de armas de fuego en una manifestación. Estos guardias la usaron y además quisieron esconder lo que hicieron”.
Claramente en el artículo 68 de la Constitución expresa: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.
Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Es por ello que está familia exige justicia y pide que el caso no quede impune, pues aseguran que en ocasiones quieren tapar lo que hacen los funcionarios. “Confiamos en la petejota y la Fiscalía, quienes se han portado muy bien con nosotros”, declaró la hermana de la víctima fatal.
Por otra parte, Rocío San Miguel, quien es abogada y Presidenta del Observatorio Venezolano para la Seguridad y Defensa Nacional, explica que la vida es un derecho fundamental. “Bajo ninguna circunstancia como principio general, no hay argumentación posible, incluso si la persona se encuentra delinquiendo, para acabar con una vida. El problema es que en Venezuela la pena de muerte se ha convertida en un mecanismo de los cuerpos de seguridad y ahora la FANB lo usa para reprimir las manifestaciones”, destaca San Miguel.
Manifiesta la también defensora de los Derechos Humanos que por lo general en este tipo de casos existe un silencio dentro de la FANB cuando debieran pronunciarse de igual forma como se han hecho con los otros crímenes.
Investigaciones
Aunque a través de la cuenta del Ministerio Público no se ha hecho pública y oficial la muerte de Eyker Daniel Rojas Gil, el sitio del suceso fue manejado por la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos del Ministerio Público, quien fue la encargada de procesarlo.
Allí fueron localizadas 9 conchas de fusil, calibre 7,62, percutada por un arma de guerra, las cuales son de uso exclusivo de la FANB, tal como está establecido en el artículo 324 de la Constitución de la República.
Así mismo se conoció que Carlos Muñoz, Fiscal 21 con competencia en Derechos Fundamentales, es quien lleva las riendas de está investigación, la cual está en su primera fase.
Trascendió que se está ubicando testigos y entrevistando hasta los funcionarios presentes para determinar quienes son los responsables de este crimen.
