Sectores económicos siguen pronunciándose ante los hechos de violencia y represión suscitados en Lara. El más reciente ataque a la urbanización Antonio José de Sucre, ha motivado contundentes rechazos que se unen al llamado de democracia y paz.
Como el manifiesto realizado por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en Lara, en el que muestran su preocupación por la represión y agresión de los últimos días. Expresan que si bien la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), tiene el deber de mantener el orden interno, la desproporcionada ación de este cuerpo y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ha afectado comunidades completas, integradas por ciudadanos trabajadores, situación que rechazan fuertemente.
Exigen el cumplimiento de los derechos humanos y repudian el supuesto acompañamiento que los cuerpos de seguridad hacen a grupos irregulares armados, quienes amedrentan y atacan a civiles.
La junta directiva de la Cámara de Pequeños, Medianos Industriales y Artesanos del estado Lara (Capmil), también se expresó al respecto y formuló un llamado a la paz. Solicitó respeto a los Derechos Humanos de todos los ciudadanos.
Piden a los organismos de seguridad el resguardo de los ciudadanos y sus bienes, asimismo exigen que no sucedan hechos como los antes mencionados. Consideran importante se respete el derecho a la protesta pacífica y exhortan a dichas instituciones a actuar apegados fielmente a la Carta Magna.
Consideran propicio se genere un diálogo sincero, conciliador y efectivo entre todos los actores claves de los distintos sectores de la nación, el cual permitirá restituir de manera inmediata el clima de convivencia y bienestar, necesarios para construir desarrollo humano.
Se ralentiza la economía
Giorgio Reni Casas, presidente de la Cámara de Industriales de Lara, quien también es integrante del Consejo de Estado por la Paz y la Justicia (Cepaz), institución que intervino en el conflicto de la urbanización Sucre, detalló que la sociedad civil en general está envuelta en un escenario de angustia que también repercute en la economía.
Un país funciona con instituciones que actúen con bases democráticas, pero mientras esto no sea así el ciudadano seguirá siendo débil ante la delincuencia y la represión; el enfermo ante la enfermedad y el empresario ante los saqueos. “Como la Defensoría del Pueblo, la policía o los sistemas de salud no atienden el llamado de la ciudadanía, la población se mantiene angustiada, desesperada y deprimida”.
A escala industrial y empresarial también se traslada dicha atmósfera. Producto de la zozobra en la cual de desenvuelven los ciudadanos, compañías en Lara han adoptado medidas como acortar la jornada laboral, a fin de permitirles regresar a sus casas antes de que la oleada de violencia los afecte.
-Nos preocupa la seguridad de nuestros trabajadores. Trasladarse en la ciudad se ha vuelto difícil. Sobre todos hacia las zonas residenciales donde la ciudadanía ha denunciado ataques de presuntos colectivos – paramilitares.
La jornada diaria la han reducido a seis horas y media de trabajo, lo que representa una pérdida de 7,5 horas/hombre a la semana. Se reduce 18.75% la productividad de las empresas.
“Nos enfrentamos a una situación aún más compleja, porque ya veníamos arrastrando una fuerte caída productiva”, expresó Reni, quien recordó que según informe de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), durante el primer trimestre del año el sector laboró al 32 % de su capacidad instalada.
El contexto social actual limita el traslado de la escasa materia primera disponible y de la producción terminada, lo que igualmente incide en los índices de escasez.
La directiva de Capmil, por su parte, expresó que en el sector productivo se agudiza una ralentización económica, producto del mismo contexto político y social. A esto se suman situaciones de saqueo, lo que consideran un daño costoso para la economía.
