Tras anunciar que cerraba sus operaciones en Venezuela después de que un tribunal ordenara la confiscación de sus instalaciones, se ha abierto una posibilidad para que General Motors regrese.
La planta en la ciudad industrial de Valencia fue embargada la semana pasada, así como las cuentas bancarias y otros activos de GM, mientras manifestantes antigubernamentales se enfrentaban con las fuerzas de seguridad y con partidarios del gobierno.
La sorpresiva decisión arrastró a Estados Unidos hacia la creciente turbulencia política en Venezuela.
Sin embargo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha efectuado un enorme esfuerzo por asegurarle a GM que no tenía intención de expropiar la fábrica. La confiscación de ésta, que no ha producido un sólo vehículo desde 2015, se deriva de una demanda que presentó una concesionaria particular en contra de la automotriz estadounidense hace 20 años.
El director de finanzas de GM, Chuck Stevens, pareció dispuesto a examinar la decisión de salirse de Venezuela.
«No necesariamente queremos dejar el país, pero ciertamente no es un ambiente propicio para invertir ni para operar un negocio de manera normal en este momento», dijo el viernes en una conversación con reporteros en la que examinó las ganancias del primer trimestre.
El ministro del Trabajo de Venezuela, Francisco Torrealba, invitó a la compañía a que pida que le regresen la planta.
«El Estado venezolano está apoyando y desea la reactivación a su máximo nivel de la producción de General Motors en manos de sus legítimos dueños», dijo el ministro esta semana en un programa televisivo. «El gobierno está dispuesto a darle todas las facilidades para que normalice sus operaciones y produzca muchos vehículos como lo ha hecho durante décadas en el país».
