El Senado español exigió este miércoles al gobierno de Venezuela liberar a «todos los presos políticos» y restituir las competencias de la Asamblea Nacional, en una moción aprobada en una sesión con presencia de familiares de opositores venezolanos encarcelados.
Impulsado por el gobernante Partido Popular (PP, conservador), el texto recibió en el pleno 218 votos a favor, 2 en contra y 27 abstenciones, entre ellas las del partido de izquierda radical Podemos, que acusó al PP de usar a Venezuela como «cortina de humo» para tapar sus escándalos de corrupción en España.
El debate fue seguido desde la tribuna de visitantes por varios familiares de políticos encarcelados, entre ellos Leopoldo López Sr, padre del opositor que lleva su mismo nombre y Antonietta, hija del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, dos de los más emblemáticos líderes presos, según la oposición por sus ideas políticas.
Luego de aprobada la moción, los familiares fueron ovacionados por los conservadores y otros partidos que los apoyaron.
El Senado exigió al gobierno de Nicolás Maduro «la inmediata liberación de todos los presos políticos y la anulación de las inhabilitaciones» de otros líderes políticos, para facilitar un diálogo que permita «la reconciliación entre venezolanos», según el texto.
El Senado también pidió la «restitución de todas las competencias» de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y permitir que organismos internacionales se trasladen a Venezuela a «determinar el alcance de la crisis humanitaria» en el país, azotado por una aguda inflación y escasez de alimentos y medicinas.
«Continuaremos como siempre lo hemos hecho en defensa de la libertad y la democracia» en Venezuela, afirmó el senador del PP Dionisio García, al repudiar «la deriva totalitaria» del gobierno en ese país.
La senadora de Podemos Idoia Villanueva acusó al PP de hacer un uso «irresponsable» del tema de Venezuela, como «cortina de humo» para desviar la atención, tras una semana en que estalló un nuevo escándalo de corrupción, por el que fue detenido un expresidente conservador de la región de Madrid, y fue llamado como testigo para declarar en otro caso en una fecha futura el jefe del gobierno, Mariano Rajoy.
