La oposición venezolana alista una nueva marcha para este miércoles hacia el centro de Caracas, otro desafío para el presidente Nicolás Maduro al que presiona por elecciones generales con una ola de protestas que en este mes deja 25 muertos.
La Fiscalía confirmó que un joven de 23 años murió en la madrugada del martes en una manifestación en el estado Lara (noroeste), luego de un «plantón» el lunes de miles de opositores en importantes vías del país, que derivó en violencia y causó tres fallecidos.
Las movilizaciones que realiza la oposición han degenerado muchas veces en choques entre policías y manifestantes radicales, disturbios y hasta saqueos, que han dejado, además de los muertos, cientos de heridos y detenidos.
«Estas acciones de resistencia que ponen contra la pared al dictador tienen costos muy graves: muertos y presos», dijo el diputado Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, al llamar a la marcha del miércoles.
Sin querer revelar dónde, la oposición pretende marchar hacia la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) o el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a los que acusa de servir al chavismo.
«Vamos avanzando. No nos rindamos. Si logramos mantener esta presión, vamos a lograr el cambio. El miércoles volvemos a la calle», subrayó Guevara.
Pero hasta ahora las manifestaciones hacia el centro de Caracas, bastión del chavismo y donde están los poderes públicos, han sido bloqueadas por las fuerzas de seguridad, que las dispersan con bombas lacrimógenas, chorros de agua y balas de goma.
¿Fisura en el chavismo?
Para el analista Luis Vicente León, Venezuela está frente a dos escenarios: que la presión opositora continúe creciendo y el gobierno reprima, aún pese al repudio y sanciones internacionales; o que ésta llegue al máximo nivel y logre fracturar internamente al chavismo y al sector militar.
«Esto es una marcha sin retorno hasta que logremos que los venezolanos decidan cómo salir de la crisis», manifestó Borges.
Siete de cada diez venezolanos reprueba la gestión de Maduro, cuyo mandato concluye en enero de 2019, hastiados de la escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que según el FMI llegará al 720,5% este año, la más alta del mundo.
Según la consultora Eurasia Group, las manifestaciones muestran que «la oposición está más unida en torno a la estrategia de calle y se muestra revigorizada» en momentos en que el apoyo de la comunidad internacional no parece retroceder.
Analistas estiman que para bajar la presión el poder electoral podría convocar pronto a elecciones de gobernadores, que debieron haberse celebrado en diciembre de 2016 y fueron pospuestas, así como las de alcaldes, pautadas para este año.
«Las divisiones dentro del chavismo probablemente se profundizarán en los próximos meses, sobre todo de cara a las elecciones regionales y presidenciales. Las presiones de la manifestación en la calle y de la comunidad internacional tienen el potencial de ensanchar -si no abrir completamente- las fisuras que tienen», agregó Eurasia.
Maduro dice estar ansioso por ir a esas elecciones regionales para derrotar a la oposición, pero ésta reclama un adelanto de las presenciales, previstas para diciembre de 2018.
«¿Cuántos muertos más?»
Este martes, el Parlamento, único poder que controla la oposición, discutirá sobre el proceso de remoción de los magistrados del TSJ, al que acusan de haber dado un «golpe de Estado» cuando a fines de marzo decidió adjudicarse sus funciones.
La fiscal general Luisa Ortega, vinculada al chavismo, sorpresivamente calificó esa sentencia como una «ruptura del orden constitucional», pero desde entonces no se ha pronunciado, por lo que una convocatoria a la prensa para este martes ha generado gran expectativa.
Aunque el TSJ dio marcha atrás a esa decisión tras la declaración de la fiscal y la presión internacional, la oposición inició el 1 de abril una ola de protestas para exigir elecciones generales y respeto a la autonomía del Parlamento.
La oposición acusa al gobierno de represión y el gobierno a sus adversarios de hacer «actos de terrorismo» para dar un golpe de Estado y propiciar una intervención extranjera.
El gobierno señala particularmente, además de al jefe parlamentario Julio Borges y Guevara, a los diputados José Guerra y Tomás Guanipa, quienes fueron este martes a la Fiscalía para rechazar esas acusaciones.
«¿Cuántos muertos más necesitan los extremistas de la oposición para abandonar la violencia como forma de hacer política?», expresó el general Vladimir Padrino, jefe de la Fuerza Armada, aliado clave al que Maduro ha dado gran poder económico y político.
