El Ministerio Público, a través de la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, imputó a 2 mil 401 funcionarios policiales y militares en el país durante el año 2016, tras haber incurrido en delitos que atentan contra los derechos humanos.
Así lo informó el subdirector de Investigaciones de esta dependencia, Juan Barradas, en el programa de radio “En Sintonía con el Ministerio Público”, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, quien destacó que el informe anual de gestión del año 2016 registra 225 medidas privativas de libertad y 320 acusaciones para un total de 635 funcionarios acusados.
Barradas también aprovechó la oportunidad para señalar que durante el primer trimestre de este año 2017 se logró la privativa de libertad de 100 funcionarios policiales, como parte de la respuesta que brinda el Ministerio Público a la colectividad.
De igual manera, expresó que en el marco de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) durante 2016 hubo 241 muertes, motivo por el cual el Ministerio Público inició 182 investigaciones, que derivaron en la imputación de 80 funcionarios y la acusación de otros 17 efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y el Ejército Nacional Bolivariano.
Puntualizó que la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales continúa realizando investigaciones en el marco de la OLP y de la Operación Humanista de Liberación del Pueblo (OHLP), verificando cada procedimiento a fin de constatar si existe o no vulneración de derechos fundamentales.
Precisó que entre los delitos de mayor incidencia cometidos por funcionarios de seguridad del Estado despunta el homicidio intencional o calificado, el cual tiene una pena de 15 a 20 años de prisión; la desaparición forzada de persona con una pena entre 15 y 25 años, así como los delitos estipulados en la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, con penas corporales que oscilan entre 13 y 25 años.
