La Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz ofreció este martes una rueda de prensa para dar un balance de las investigaciones que se han generado desde el Ministerio Público debido a los 24 días de protestas que la oposición venezolana ha adelantado contra el Gobierno de Nicolás Maduro y que ha dejado al menos 26 personas fallecidas en todo el país, cuatro de ellas en el estado Lara.
La titular del Ministerio Público habló por primera vez ante los medios de comunicación, luego de que el pasado 31 de marzo durante su presentación de Memoria y Cuenta del año 2016, asegurar que hubo efectivamente una ruptura del orden constitucional, tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de dejar sin efecto las funciones y operatividad de la Asamblea Nacional, y que ha desencadenado las fuertes protestas en todo el país.
La Fiscal señaló que perdieron la vida 4 adolescentes y 22 Adultos, 8 de ellos electrocutados en los sucesos de El Valle. 437 personas han sido además lesionadas, de las 232 son por derechos fundamentales señaló, y daños a la propiedad privada.
De estas protestas al menos 1289 personas han sido aprehendidas.
El Ministerio Público solicitó la anulación de la detención de al menos 38 personas que fueron detenidas el pasado miércoles 19 de abril, las actas policiales no reflejan el delito por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en Nueva Esparta durante las manifestaciones. En este sentido, la fiscal señaló que los «funcionarios policiales no puede decir cuál fue el delito. El funcionario debe contar que pasó».
Ortega Díaz aclaró que «los ciudadanos solo pueden ser aprehendidos en flagrancia o a través de una orden judicial, y debe estar justificada en una orden policial (…) en este caso el CICPC traslado a los aprehendidos por la GNB, y el CICPC no narra las circunstancias de modo, tiempo y lugar cuando fueron aprehendidos (…) es difícil para el MP determinar cual es el delito que cometió una persona si no se describe (…) por esta razón solicitamos la nulidad del caso, el tribunal decidió mantenerlo detenidos hasta la existencia de fiadores (…) uno de los pocos derechos que no se puede suspender es el debido proceso, aún bajo un estado de excepción, yo estoy obligada como FG a garantizar este derecho».
Dijo que «debe haber certeza que hay un delito, si la persona no cometió un delito no puede ser sancionada». Agregó que en el país hay que retomar el diálogo, con actores que tengan real poder de decisión.
«Nadie desea un escenario de confrontan bélica una guerra civil y mucho menos una intervención de ni ninguno estado… la paz no se decreta se construye con afirmación, con ejemplos, predicar con el ejemplo, con instituciones fuertes sin ningún tipo de discriminación política debemos dejar de vernos como enemigos», dijo.
