El 18 de abril en la noche, previo a la jornada de movilización convocada a nivel nacional, el ejecutivo anunció la firma de un decreto para la aplicación del “Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora”, en su fase verde. Este plan, en diciembre 2016, se anunció como herramienta “para poner el énfasis en la liberación territorial de nuestra Patria, de las lacras del paramilitarismo que nos viene de Colombia, y del paramilitarismo que nos viene de la ultraderecha” en palabras del propio Nicolás Maduro. Este anuncio constituye la consolidación de la militarización de las labores de gestión de manifestaciones y seguridad ciudadana, junto al empleo de grupos de civiles armados y policías bajo la lógica militar del combate al enemigo interno, propia de la doctrina de seguridad nacional.
El 20 de abril se ejecutó el segundo día del “Plan Zamora”, repitiéndose la represión desmedida contra manifestantes. En horas nocturnas se realizaron protestas en diversas zonas del país y en 9 sectores populares de la Gran Caracas con cierre de vías. La fórmula represiva cívico-militar estimuló el desborde de la violencia en algunos sectores. Además, se recibieron denuncias sobre intentos de allanamientos a conjuntos residenciales de civiles armados, con el objetivo de amedrentar y tomar represalias contra los vecinos que protestaban en la calle y tocaban cacerolas en sus casas.
Ante esta situación alertamos a la comunidad internacional que Venezuela se encuentra bajo una situación de alto riesgo para la garantía de los derechos humanos. La criminalización y descalificación de las protestas y de manifestantes pacíficos; las campañas de incitación al odio y negación del legítimo derecho a manifestar por parte del Estado venezolano, así como la desmedida represión contra la disidencia, genera un contexto de graves y generalizadas violaciones de derechos humanos.
Queremos reiterar nuestro llamado a la recuperación de la democracia y la paz en el país, así como rechazar la represión del Estado Venezolano contra manifestaciones pacíficas en todo el territorio nacional. Urge investigación imparcial, expedita que garantice justicia e impida que la impunidad se convierta en cómplice de los responsables.
Extracto del Comunicado firmado por las Organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos.
