Cuando la Fiscal de la República admitió que en efecto existía una alteración en el orden constitucional, jamás se imaginó la fuerza que cobraría la lucha civil que parecía desvanecida. Las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que restan las competencias del Parlamento, ciertamente despertaron la indignación de la ciudadanía, pero el reconocimiento de la ilegalidad afianzó el clamor de elecciones ya.
Detenciones, represiones, fallecidos, torturas y heridos, son tan solo algunos elementos registrados en las movilizaciones de la oposición, cuyo fin sigue siendo solicitarle al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, como presidente del Consejo Moral Republicano, que declare la falta grave de los siete magistrados.
Según el reporte del Foro Penal Venezolano (FPV), desde el 4 hasta el 18 de abril se produjeron 538 arrestos, pero entre el 19 y el 22 de abril, fueron 780 los aprehendidos, para un total de 1318; mientras que en abril de 2014, la cifra no llegaba a 500.
Jairo Ortiz, Daniel Queliz, Miguel Ángel Colmenárez, Brayan Principal, Gruseny Antonio Calderón, Carlos José Moreno, Paola Ramírez, Niumar Clemente Barrios, Melvin Guittian, Kelvin León, Ramón Martínez, Jairo Ramírez, William Marrero, Robert Centeno, Jonathan Meneses, Elio Pacheco, Estiverson Zamora, Francisco González y otros dos menores de edad, han sido las víctimas fatales producto de la actuación de los efectivos de seguridad, especialmente de la Policía y Guardia Nacional. Cabe destacar que el fallecimiento de las últimas diez personas allí descritas, se produjeron durante los saqueos en El Valle, Caracas, el pasado 20 de abril.
A pesar de estos hechos que enlutan al país, los venezolanos han demostrado tener la voluntad necesaria para hacer retroceder al Gobierno y obligarlo a que convoque elecciones generales, puesto que la de alcaldes y gobernadores no son suficientes para resolver la coyuntura política, económica y social.
Delito del Ejecutivo
Aunque el Gobierno de Nicolás Maduro intenta alzar la bandera de la democracia, la persecución a su disidencia cobra una altura aún mayor. Pide diálogo pero por cadena nacional acusa a dirigentes de partidos -recientemente a Primero Justicia (PJ)- de promover actos vandálicos. Muestra videos, de manera ilegal, para que el pueblo los conciba como sujetos que atentan contra la República. Mientras que el vicepresidente, Tareck El Aissami, solicita, sin escatimar, pena máxima para “los terroristas”.
El último material publicado da cuenta de un interrogatorio que realiza un “funcionario”, cuya voz está alterada, a Alejandro Sánchez, un joven militante de 21 años que fue aprehendido junto a su hermano el pasado 13 de abril, y quien bajo tortura física y psicológica y sin presencia de la defensa según ha denunciado PJ, acusó a los diputados Tomás Guanipa, Marialbert Barrios y José Guerra de financiar ataques contra los organismos públicos y propiedad privada.
EL IMPULSO consultó al abogado Juan Carlos Apitz sobre la legalidad de estas actuaciones, quien rápidamente recurrió al artículo 130 y 137 del Código Orgánico Procesal Penal y argumentó que cualquier declaración que haga el imputado sin la presencia de su defensa, será totalmente nula. No obstante los hermanos fueron presentados y enviados a la cárcel común Tocorón, en el estado Aragua, mientras se realizan las investigaciones.
“Técnicamente hablando, estas pruebas son inadmisibles en cualquier juicio. Lo que hicieron los funcionarios en la confesión y la publicación de las supuestas pruebas en alocución presidencial se constituyen como un atentado a la majestad de la justicia. Las pruebas no son para publicitarlas. Y aunque el Presidente admita que tiene la autorización del Ministerio Público – que por naturaleza no puede darla-, el acto continúa siendo ilegal. Es una manía que tienen los líderes del Gobierno. Diosdado lo ha hecho, al igual que El Aissami y Reverol. Ellos no creen en el sistema de justicia, sino en la justicia de ellos, donde demuestran lo que ellos quieren para que el público condene a los acusados inmediatamente”, explicó.
Enfatizó que en Venezuela, el Poder Judicial no existe, al contrario, se está en presencia de un tribunal popular presidido por el Primer Mandatario, quien se atreve a linchar moralmente a quienes aparezcan en los videos.
Cuestionó que el Defensor del Pueblo ordenara un examen forense para estos jóvenes, puesto que el CICPC está adscrito al Ministerio de Interior y Justicia, por lo cual el resultado de la revisión estará sujeto a lo que ordenen los superiores. “Los médicos del Gobierno son los que van a revisar a los torturados. No hay imparcialidad. Además llama la atención que un ‘terrorista’ se venda por 20 mil bolívares, que alcanzarán cuando mucho para un paquete de arroz o un cartón de huevos. Es decir, esas pruebas son totalmente ilegales e incoherentes”.
Vale acotar que en algunos casos donde se produce la tortura, las víctimas son obligadas a firmar documentos que consten que no han sido objetos de maltrato y que gozan de buen estado de salud físico. Incluso, son detenidos y en lugar de ser recluidos en las comandancias, son llevados a sectores populares, desde donde negocian cantidades en dólares con los familiares.
Civiles en manos de militares
Factores políticos aseguran que la fiscal, Luisa Ortega Díaz, ya no asiente a las ocurrencias del Gobierno, y a ello se debe que no presida el Consejo Moral Republicano ni coordine el área investigativa penal (CICPC), sin embargo, se ha inhibido de calificar el delito cometido por los magistrados, desviando su competencia.
Este panorama se traduce en que los venezolanos que estén a la orden de Nicolás Maduro, podrán fácilmente ser procesados por la jurisdicción militar, que es un ámbito totalmente controlado.
Según establece la Carta Magna, el imputado tendrá como garantía un juez natural, es decir, quien posea la misma identidad desde el punto de vista social. Aunque la falta sea militar, decidirá un juez civil en caso tal que el imputado sea civil.
Traición a la patria o conspiración son los delitos que destaca el Gobierno para justificar su proceder. No obstante, el artículo 132 del Código Penal, no distingue que se trate de una falta calificada por militares.
“Por esencia, quien juzga es independiente e imparcial, pero en la jurisdicción de militares, esos que juzgan están subordinados jerárquicamente, por lo tanto, no hay independencia. No hay verdaderos jueces ni fiscales. En Venezuela estamos viviendo el momento más tenebroso en la justicia. No hay antecedente de lo que está ocurriendo. Quien en realidad está bajo la figura del desacato es el Ejecutivo, hay 19 órdenes de liberación de presos políticos que el Sebin no acata, como ocurre con Yon Goicochea”, expresó.
Igualmente, se da el caso en el que la Fiscalía ordena libertad por ser un delito de menor cuantía, que se deriva en libertad bajo fianza o régimen de presentación, sin embargo el juez a cargo, reestructura el delito para convertirlo en uno de mayor pena, lo cual, según explica Apitz, es totalmente ilegal. Cuando se accede a la figura de libertad bajo fianza exigen que el garante devengue un sueldo alto, muestre balances bancarios y declaraciones de Impuesto Sobre la Renta y que además, sea funcionario público.
Etapa final
Ante la improvisación con la que actúa la justicia en el país, se hace necesaria la conformación de un Poder que sea eficiente y confiable para el venezolano, una vez que cese el mandato de Maduro, opina el jurista. Asimismo subraya que este hecho coadyuvará a convivir con la fuerza chavista, que indudablemente no desaparecerá cuando Venezuela abra sus puertas nuevamente a la democracia.
“Si alguien delinque deberá pagar, sea del partido que sea, y eso hará que el árbitro sea confiable para el venezolano”, añadió.
En el aspecto internacional, Venezuela debe evaluar el reingreso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hasta la fecha ha fracturado “de manera grotesca” los estándares democráticos, y el mundo lo reconoce como tal, sobre todo los países de Latinoamérica.
Protesta y elecciones
La represión, como se ha denunciado, ha alcanzado escalas inimaginables, sobre todo en los últimos dos meses, y la respuesta ciudadana, debe continuar siendo la calle, en protesta pacífica exigiendo que se cumpla la Constitución. Apitz en este punto menciona que la gente conoce perfectamente que el texto fundamental le permite demandar respeto por los derechos, y ello lo convierte en una gran conquista. El error aparece cuando se recurre a la violencia, como se ha evidenciado en Lara con el saqueo de la fábrica de Helados Cali, o en Caracas con el desvalijamiento de negocios en El Valle.
“Hay que ser más disciplinados. El mecanismo de la protesta pacífica hace que se dispare una reflexión de conciencia del funcionario que está actuando desapegado a la ley. Si eso no se logra, y se detona la venganza, no se cumple con el metido ciudadano. No tenemos que lograr que el Guardia o el Policía abandone el organismo, sino que advierta a sus superiores que no reprimirá las actividades de calle”, puntualizó.
En cuanto a las elecciones, sugiere unas generales, porque convocar únicamente a la de gobernadores y alcaldes, implicaría un aumento en la persecución, sobre todo en el ámbito presupuestario, o simplemente, se establecería una figura de mando paralela como ha ocurrido en Miranda y en el Distrito Capital.
