Hay imágenes que terminan siendo emblemáticas de los tiempos convulsos, especialmente cuando atañen a seres concretos en situaciones extremas y este 19 de abril nos entrega varias, de las cuales escogemos cuatro:la de Paola, cuyos ojos abiertos parecieran mantener su asombro final ante la muerte, ocasionada por paramilitares en San Cristóbal; el tanque de guerra retrocediendo al ser enfrentado por una mujer; el avance del ejército disparando lacrimógenas sobre los manifestantes indefensos en el elevado de la autopista y la imagen de gente huyendo por el río Guaire, en medio del pavor y el horror.
Decía Hannah Arendt, que ser ciudadano es ejercer los derechos y los deberes que una sociedad se da a sí misma y que el totalitarismo se impone, cuando un régimen asume el control de la voluntad popular. El reciente comunicado de la Fiscal General, dirigido a los actores políticos convocantes, afirma ser “ un derecho constitucional convocar manifestaciones pacíficas y éstas no deben poner en riesgo la integridad física de los manifestantes y de terceros ni la estabilidad institucional”. Así mismo que los organismos del Estado deben garantizar dicho ejercicio,” bajo un estricto apego a los derechos humanos. Los mecanismos de negociación deben agotarse antes del uso de la fuerza pública”…
Exhortación pertinente y urgente a la luz de los acontecimientos ocurridos durante la Marcha del 19 de abril, cuya violencia inaudita ejercida por el ejército y los paramilitares, dejaron un saldo de 3 muertos y 521 presos contabilizados por Provea esa misma noche, amenizados a su vez por las amenazas del capitán Cabello, de fusilar en la plaza Bolívar de Caracas a quienes denuncien la situación de Venezuela; los enfrentamientos posteriores en las urbanizaciones, que en el caso de Barquisimeto y Palavecino, se han ido convirtiendo en sistemáticos, lo cual va dejando un saldo diario destrucción de bienes y violaciones a los Derechos Humanos y que incluyen a los niños, enfermos, discapacitados y ancianos.
Que se requiere canalizar las formas de protesta violentas es fundamental, lo cual incluye que los ciudadanos realicen evaluación cotidiana de los resultados de las mismas en sus comunidades y la consiguiente reformulación en aras de hacer respetar sus derechos ciudadanos, lo cual no incluye formas ilegales ni violentas de participación. Han de organizarse formas creativas de manifestar, con objetivos que obedezcana intereses ciudadanos, que eliminen “razones” para reprimir.
El Plan Zamora se inició el año pasado. Es consecuencia de la militarización del gobierno llevada a cabo por Chávez, en abierto desacato a lo que establecen nuestras leyes en sus artículos 320 al 331:profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación e integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, cooperación en el mantenimiento del orden interno, participación en el desarrollo nacional, al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna.
Militarización que contempla en situaciones de protesta ciudadana, la participación de civiles —milicianos y paramilitares— conformados por militantes extremos o delincuentes. Esto explica el descontento que en algunos sectores militares ocasiona la participación de civiles armados en la represión. Medida que evidencia la política del “pueblo contra pueblo”, nunca antes aplicada ni en dictaduras, ni en losaños de la guerrilla.
Expresa una política acorde con una actuación y concepción totalitaria del Estado: anula al opositor al verlo como enemigo, excluyéndolo y penalizándolo, como si no fuese venezolanocon iguales derechos constitucionales. La usurpación de funciones legislativas por parte de los poderes Ejecutivo y Judicial, conllevaron el desconocimiento sistemático de los derechos civiles y económicos, de salud y alimentarios, trajo descontento en el país, aliado al desconocimiento de la Asamblea Nacional,laarbitrariedad del TSJ, la negativa a las elecciones y el mutuo desconocimiento entre gobierno y oposición. Es urgente encontrar salidas constitucionales e incruentas para una ciudadanía, cuyo rechazo a la violencia es harto conocida y cuyas expectativas de cambio, incluyen la posibilidad del entendimiento que nos permita dejar de ser puerto de naufragios, para dar lugar a la palabra que funda y nombra, nuevas realidades en medio de la paz e imágenes que ratifiquen la vida al exorcizar la muerte.
