Por haberse producido tres fallecimientos de los cinco verificados y dadas las detenciones y tratos crueles e inhumanos en el marco de las protestas de abril, Lara se constituye como la entidad con mayor represión del país. Así lo aseveró este martes, el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero.
En conferencia de prensa reiteró que se han generado 538 detenciones en menos de 15 días, y ha aumentado a 144 la cifra de presos políticos, contando a las 35 personas que ya fueron presentadas ante los tribunales respectivos y a quienes se les dictó una orden privativa, tal como ocurrió con ocho ciudadanos de la entidad.
“Si comparamos estas 538 detenciones de abril 2017, encontramos que en abril de 2014 hubo 488, es decir, en 15 días tenemos más arrestos que en todo el mes de abril de hace tres años (…) Del total de este mes, aún permanecen 241 detenidos, de las cuales 88 son de Lara. Hay que ponerle lupa a este estado porque la represión ha sido bastante relevante”. indicó.
En esta oportunidad, paradójicamente lo preocupante no se corresponde a la detención, sino al siguiente paso que de manera sistemática se atrevieron a dar los cuerpos policiales y militares: la tortura. Al respecto, Romero afirmó que los jóvenes, delante de un fiscal del Ministerio Público, han denunciado maltratos y tratos crueles, pero destaca que en ninguno de los casos en los cuales el Foro Penal está asistiendo, la Defensoría ha hecho presencia en las audiencias para constatar las situaciones.
Sobre las delaciones que han aplicado con algunos detenidos, siendo el caso más emblemático el de los hermanos Sánchez, el director de la ONG, Gonzalo Himiob Santomé, aportó que esta figura está prevista en el Código Orgánico Procesal Penal, en la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, y en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, sin embargo, no es aplicable en los momentos cuando se obliga a la persona a manifestar un hecho en contra de su voluntad, y mucho menos se corresponde a un acto válido cuando se ejecuta sin la presencia de los abogados, como efectivamente ha sucedido con los jóvenes de Primero Justicia.
Patrones de detención
La incomunicación y aislamiento, la “indebida” atribución del Estado para señalar y precalificar a los detenidos, la ausencia de pruebas convincentes en las actas que sustenten una investigación, y la condición de libertad bajo fianza, son los patrones que utilizan los funcionarios de seguridad una vez que arrestan al ciudadano en el marco de una protesta.
“En algunas actas de expedientes reposan las órdenes de aprehensión y materiales audiovisuales donde ni siquiera se identifica al acusado, pero no hay elementos concretos, es decir, que incluso los tribunales han atribuido medidas cautelares y han encaminado investigaciones, contrariando a la Fiscalía (…) Los ministros, el Vicepresidente o el Presidente de la República, no tienen atribuciones legales para estar señalando a nadie, antes de que los tribunales y la Fiscalía hagan su trabajo, como responsable de un delito, mucho menos pueden precalificar delitos que además no se corresponden con lo que consta las actas”, explicó.
Según relató el FPV, los expedientes no cuentan con acusaciones que se asemejen al terrorismo, es decir, que el término guarda relación únicamente a un discurso oficial, a fin de consolidar de forma pública y comunicacional que quieres ejercen su derecho a protestar, son terroristas.
En su mayoría, son imputados por instigación a la desobediencia a las leyes, daños a propiedades públicas o privadas, y ofensa a funcionarios policiales y militares.
Aprovecharon la oportunidad para aclarar que rechazan cualquier hecho vandálico que se produzca, no obstante, instaron a participar de las protestas pacíficas que sean convocadas, porque es un derecho consagrado en la Carga Magna.
