Siete horas de terror vivió una señora de 46 años de edad, luego de que un grupo de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), sacaron a su hijo de su casa. Desde ese momento comenzó a recibir llamadas indicándole que para no dejar al muchacho detenido debía cancelar un dinero.
La señora al principio no mostró muchos deseos de hacer pago alguno, pero las llamadas comenzaron a hacer más continuas, la principal exigencia era cancelar dos millones de bolívares a cambio de no “sembrarle” una pistola y así no dejarlo detenido por un porte ilícito. Horas más tarde y con más insistencia se comunicaban los funcionarios y amenazaban a la madre del joven que en caso de no pagarles, matarían y desaparecerían a su hijo.
La mujer desesperada, se armó de valor y decidió acudir al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) a denunciar lo sucedido, por lo que los funcionarios notificaron el hecho a la doctora Yaritza Berrios, Fiscal 4ta, con competencia en delitos de Extorsión y Secuestro. Una comisión se fue hasta el comando de la PNB ubicado en el urbanismo Alí Primera, ubicado en Tamaca, zona norte de la ciudad, acompañados por la propia fiscal, con la finalidad que no existieran irregularidades en el procedimiento.
Se armó un paquete con el dinero, la señora se comunicó con los funcionarios y estos la citaron en el propio comando de la PNB, alrededor de las 8:30 de la noche de este lunes, para entregar el pago y así liberar al joven de 24 años de edad.
Diez era el total de funcionarios que estaban de servicio este lunes, entre ellos ocho masculinos y dos femeninas. Las funcionarias no se encontraban en el lugar y cuando llegó la señora la hicieron pasar a las instalaciones para que entregara el dinero.
Los funcionarios del Conas se colocaron en sitios estratégicos y en el momento preciso que ya los PNB habían recibido la caja con el dinero ingresaron al comando, el cual fue tomado por los uniformados según relató una fuente allegada al procedimiento.
Tres de los ocho PNB que estaban en el comando de Alí Primera, lograron escapar del lugar, los otros cinco fueron detenidos en flagrancia.
En el momento en que los castrenses ingresaron a las instalaciones de la PNB, se conoció que la víctima fue localizada en una oficina, no estaba en los calabozos con los presos comunes, el joven lo tenían sentado en una silla con sus manos hacia atrás y esposado, además de sus pies atados, para ello usaron los cordones de sus zapatos.
“Nosotros somos unos ladrones, pero ellos son unos matraqueros”, así gritaban los presos que estaban en los calabozos de dicha sede policial, al momento en que se practicaba el procedimiento.
Fue a las 9 de la noche que lograron liberar a la presunta víctima, a quien tenían privado de libertad desde las 2 de la tarde, que los efectivos policiales lo sacaron de su residencia ubicada en la urbanización Las Sábilas, zona norte de la ciudad y una de los sitios señalados por ser el más peligroso de Barquisimeto.
La víctima indicó en medio de su denuncia, la cual formalizó después que fue liberado, que mientras estuvo en manos de los PNB estos presuntamente lo golpearon.
Los efectivos que fueron detenidos quedaron identificados como: Supervisor agregado Carlos José Mendoza Chirinos, de 44 años de edad, Oficial agregado Néstor Arturo Vargas Silva, de 25 años de edad y los oficiales: Rick Anderson Arguello Pérez, de 23 años, Elvis Enrique Tobías Pérez, de 27 años de edad y José Gregorio Ojeda Rodríguez, de 28 años de edad.
Mendoza Chirinos, era el funcionario quien estaba al mando de la comisión y el mismo viene de la migración de Tránsito Terrestre, los otros cuatro son de la 1era, 2da y 4ta promoción de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).
Se conoció que los tres funcionarios que lograron escapar se les están tramitando la orden de captura a través de la Fiscalía 4ta, y las dos funcionarias que estaban de servicio fueron los testigos para el procedimiento.
En el sitio se incautaron dos armas de fuego, se tratan de pistolas calibre 9 milímetros, que son las armas de reglamento.
Se fueron con el arma
Algunas fuentes del propio organismo involucrado relataron que desde la Unidad de Desviaciones Policiales de la PNB al enterarse de la noticia fueron hasta el comando a realizar una serie de inspecciones y se percataron que los oficiales Yorman Gámez, William Sánchez y Oscar Perdomo, no estaban en dicho puesto policial y además desaparecieron con las armas orgánicas de la institución.
Estos mismos funcionarios serían los que también están involucrados en el procedimiento del Conas y se espera que en las próximas horas o se pongan a derecho o sean detenidos por los castrenses.
Víctima con antecedentes
La presunta víctima quien no es identificada por ser uno de los denunciantes, presenta un antecedente del 28 de marzo del 2011, por los delitos de ocultamiento de droga, resistencia a la autoridad y uso de adolescente para delinquir.
En ese entonces fue enviado a la cárcel de Uribana. Durante su estadía participó en varios “Coliseos”, riñas carcelarias que se hacían en aquel entonces, donde la única regla era el uso de armas blancas y eran exclusivas del penal larense.
Según los registros de los medios de comunicación, el 25 de julio del 2011, este joven que en aquel entonces tenía 19 años de edad, fue ingresado a la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda con una herida por arma blanca, en ese hecho 19 personas resultaron lesionadas.
Su nombre volvió a relucir el 27 de febrero del 2012, cuando se inició el primer coliseo de ese año en donde un reo falleció y 69 fueron lesionados. Fue uno de los presos que fue trasladado hasta el primer centro asistencial de Barquisimeto. Ese hecho sangriento se convirtió en el “Coliseo” más violento de la historia de Uribana.
Este muchacho quien se gana la vida como mototaxista, fue elegido como presa, precisamente por poseer un prontuario policial, indicó una fuente ligada al procedimiento, quien explica que por lo general los funcionarios que se dedican a este tipo de extorsión, buscan ese tipo de personas, para amedrentarlos con hacerlos volver a una prisión y estos caigan en sus peticiones y cancelen para no verse involucrados en actos delictivo alguno.
