El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, negó este lunes que dirigentes de la oposición se reúnan en República Dominicana para negociar con el gobierno de Nicolás Maduro o con fines desestabilizadores, y aseguró que la agenda de los adversarios políticos del oficialismo es la protesta de calle.
Borges dijo en entrevista a Globovisión que este fin de semana surgieron rumores de que representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) estaban en República Dominicana “negociando”.
“La misma Mesa de la Unidad habló con claridad, aquí nadie está negociando nada ni a nadie se le ocurre negociar nada, el hecho de que se meta ese tema es verdaderamente criminal en un país en el que en este momento hay que salir con dignidad a la calle y lo estamos haciendo todos los días”, señaló el parlamentario.
“Para mí es muy claro que el Gobierno, en lugar de dar una señal de que quiere que la Constitución se cumpla y que se revierta ese golpe de Estado que dio, la señal que da es más represión, más miedo de ellos y, por lo tanto, infundir más miedo a la sociedad”, añadió el dirigente opositor.
Borges respondió así a los comentarios que surgieron el pasado fin de semana cuando el exvicepresidente chavista José Vicente Rangel dijo, en su programa dominical, que en un hotel de República Dominicana se están realizando con “cierta periodicidad” reuniones entre personajes “opuestos al Gobierno” de Maduro.
Rangel aseguró, sin decir nombres, que en esos supuestos encuentros participa un general retirado “que se reúne con funcionarios de la CIA”, y que también asisten varios oficiales activos.
“Actualmente el grupo redacta un manifiesto con los argumentos básicos que justificarían un golpe de Estado en el país”, dijo Rangel.
La oposición ha convocado a manifestaciones de calle desde hace semanas en protesta por el “golpe de Estado” que asegura ha dado el Gobierno a través de una serie de sentencias del Supremo que suprimen la competencias del Parlamento de mayoría opositora.
Estas protestas antigubernamentales, que piden elecciones y la remoción de los siete magistrados del Supremo -entre otras cosas- han dejado al menos seis muertos, un centenar de detenidos y cientos de heridos, según los balances del antichavismo.