El vicepresidente de la República Tareck El Aissami rechazó los disturbios y saqueos de comercios que se han generado en dos ciudades del estado Miranda (centro-norte) entre jueves y viernes, por los que responsabilizó al gobernador de esa entidad, el opositor Henrique Capriles, quien a su vez culpa al gobierno.
«Tenemos 117 personas a la orden de la justicia y exhortamos a los poderes públicos del Estado la máxima pena para todos estos terroristas», instó El Aissami.
Sobre las manifestaciones en la región, le envió un mensaje a la máxima autoridad regional, Henri Falcón: “No se cómplice gobernador (…) Asuma su responsabilidad frente al pueblo de Lara y no se esconda con excusas, y tratando se señalar al poder popular como responsable de lo que usted mismo sabe son parte de sus compañeros de derecha. Asuma su responsabilidad y orden al Cuerpo de Policía que preserve la paz”.
Con relación a la posición del alcalde de Iribarren comento que él “es uno de los que ha prestado apoyo para generar focos en la ciudad… Miranda y Lara. En algunos puntos del país han sido manifestaciones pacíficas, muy minoritarias; al fin pacíficas. Es en Miranda donde se desborda la violencia, donde esta gente actúa a la sombra del terrorismo.
Denunció el sábado que las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia forman parte de un plan para causar inestabilidad emocional en la población y promover ante el mundo que Venezuela está sumida en el caos con el fin de justificar un golpe de Estado.
En declaraciones difundidas por la televisión estatal, el vicepresidente denunció que el supuesto «plan golpista» buscaría difundir la idea ante instancias internacionales que en Venezuela existe una ruptura del hilo constitucional y que Maduro reprime a su pueblo.
«Se trata de un plan para tratar de generar una neurosis colectiva y venderle al mundo que en Venezuela, en medio del asueto de Semana Santa, se está incendiando el país» en rechazo al gobierno, «y resulta que el pueblo hoy está disfrutando de los destinos turísticos», insistió El Aissami.
«Aquí hay un gobierno alerta, firme, de pie, defendiendo nuestra democracia… quienes tengan algún tipo de diferencia con nuestro modelo y gobierno pueden perfectamente recurrir a las vías constitucionales y no imponer lo que han intentado hacer, que es un golpe de Estado», agregó.
La actuación de los cuerpos de seguridad, en tanto, ha sido cuestionada por organizaciones humanitarias, opositores y por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que han acusado al gobierno de excederse en la contención de las protestas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó esta semana al Estado venezolano a respetar y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica.
Las protestas comenzaron el 30 de marzo luego de dos sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las que asumió las competencias legislativas de la Asamblea Nacional y limitó la inmunidad de los diputados.
Posteriormente el máximo tribunal revirtió las sentencias, pero los cuestionamientos internacionales y las protestas se mantienen en reclamo de la realización de elecciones generales, la remoción de los magistrados del máximo tribunal, la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario para recibir alimentos y medicinas y el respeto al Congreso.
