Más de 80 detenciones arbitrarias en el marco de las protestas ciudadanas se han producido en Lara entre el 5 y el 13 de abril, así lo señala Andrés Colmenárez, vicepresidente de Funpaz.
Explicó que las sentencias 154 y 155 emanada desde la Sala Constitucional del TSJ los últimos días de marzo que violan, cercenan, menoscaban y usurpan las funciones de la Asamblea Nacional, se convierten en la gota que derramó el vaso tras una seguidilla de hechos irregulares en el país en 2016, entre estos, la suspensión del referendo revocatorio y la desmonetización del billete de Bs. 100 que dejó dos fallecidos en el Oriente del país y 56 locales saqueados, aunado a esto a las 54 sentencias que el TSJ ha producido en contra de la Asamblea Nacional.
Aunque se produjeron casi inmediatamente las sentencias 156 y 157 para enmendar el asunto estas no complacen todas las exigencias de la sociedad civil; se le da carta blanca nuevamente al parlamento pero se le dejan a Nicolás Maduro las decisiones en materia económica, indica el entrevistado.
Es así que la ciudadanía se activa al reconocer que hay un golpe de Estado contra un poder independiente. Decide tomar las calles.
En Lara las protestas se inician el miércoles 5 de abril tras una manifestación en la avenida Lara con Leones. Ese día la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a cuatro personas en el Cardenalito, las cuales fueron liberadas la madrugada del 6 de abril. Los tres primeros días de protesta Funpaz observa que actúa la PNB y GNB.
El jueves 6 de abril la PNB detiene a 10 personas en horas de la tarde en el Cardenalito, entre estos a los dirigentes estudiantiles Néstor Graterol y Simón Vera y a un profesor de bachillerato.
Ese mismo día, en otro sector al este de la ciudad, la GNB, detiene a cuatro personas a las 8:00 de la noche.
“Una de esas personas es Carlo Cutarelli, atleta de alto rendimiento que ha representado al país en competencias internacionales. Él salió a trotar porque se preparaba para el maratón de regreso la Divina Pastora”.
Aunque se resguardó en un edificio cercano durante el conflicto, recibió varios perdigones a quemarropa en el brazo, tórax, cara y piernas. Fue llevado al Destacamento 121. El 8 de abril lo llevaron al Hospital Militar, donde los médicos no lo reciben porque no había insumos. Es por esto que los militares lo trasladan aHospitaCentralntonio María Pineda, tras 19 horas sin asistencia médica.testimonio de la víctima).
“Lo operan de emergencia el 9 de abril. Aún está en el hospital, constantemente vigilado por la GNB. Está en proceso de audiencia de presentación”.
De los otros tres capturados solo aparecieron dos en el Destacamento 121 y Funpaz cree que la tercera persona logró salir por algún tipo de influencia.
Permanecen en el 121 dos personas del caso 6 de abril. Se logró que un menor de edad fuera liberado. Mientras que en el Comando de la Zona Industrial II de la PNB se encuentran nueve detenidos.
La juez segunda de control Rosario Herrera solicitó a los abogados de la defensa tres fiadores, empleados públicos y que devenguen un salario mayor a tres sueldos mínimos, además de antecedentes penales por el Cicpc en Caracas.
El 10 y 11 de abril la GNB asume las detenciones arbitrarias. Funpaz en colaboración con Foro Penal Capítulo Lara y Movimiento Vinotinto, registra 80 detenciones arbitrarias, de las cuales 60 son por instrucción del Ministerio Público para ser presentadas ante los tribunales.
Los otros 20 ciudadanos fueron puestos en libertad sin ningún tipo de audiencia de presentación ni haber sido imputados por ningún delito. Estuvieron en el Destacamento 121 y luego en el comando de í Primera. Lograron salir por mediación de diferentes actores.
“De esas 60 personas, ocho entraron a un proceso de juicio por tribunales militares. Estos ciudadanos fueron detenidos frente al Core 4 y se les imputaron los delitos ultraje a centinela y violación de la zona de seguridad militar”.
A seis civiles se les impuso como sitio de reclusión la cárcel militar de Ramo Verde y a los otros dos se le dio casa por cárcel.
Asimismo, nueve permanecen detenidas en Carora, las cuales fueron apresadas el 13 de abril. A la fecha 43 detenidos pasan a un juez de competencia estadal.
El MP está presentando a los imputados ante el juez de control municipal, el cual se inhibe de conocer el caso y pasa a una instancia de control estadal.
“La intención es precalificar con delitos de mayor gravedad. El juez estadal tiene la potestad de decidir como centro de reclusión la cárcel de Uribana. Esto se maneja con el fin de criminalizar aún más a las personas que han sido detenidas y bajar el foco de protestas ciudadanas”.
Sobre las personas detenidas el 10 y 11 de abril pesa el riesgo real y latente de que sean trasladadas, durante los 45 días que dura la evacuación de las pruebas al tribunal por parte del MP, fijar como centro de detención la cárcel de Uribana.
“Esta maniobra judicial está promovida por Jorge Eliécer Rondón, presidente del Circuito Judicial en Lara, quien le ordena a los jueces municipales inhibirse”.
Mientras tanto, tres varones menores de edad permanecen en el Centro Socieducativo Pablo Herrera Campins en El Manzano y una adolescente en el Centro Socioeducativo Barquisimeto de la calle 60. El juez solicitó cinco fiadores ordinarios por cada menor.
Fallecido
Funpaz suma tres fallecidos en el marco de las protestas ciudadanas, el adolescente de 14 años, el joven Miguel Colmenares, ultimado en la calle 60 el día martes1.
“Los familiares aseguran que fue acribillado por civiles no identificados que andaban en moto. Si fue asesinado por hampa común o colectivos que salieron a reprimir las manifestaciones ciudadanas, creemos que es responsabilidad del Estado porque se trata de un asesinato en un contexto de conmoción social y de no control del orden ciudadanos”.
El tercer deceso corresponde al joven Gruseny Antonio Canelón, en Palavecino.
“Logramos corroborar un audio de Canelón en pleno proceso de la detención en el cual relata que fue herido por funcionarios de la GNB y por ello lo llevaban al hospital militar”. Luego futrasladado al hospital central, donde falleció el 13 de abril.
Urbanismos asediado
Hasta el día de ayer Funpaz registra denuncias de vecinos.
30 urbanizaciones del municipio Palavecino han decido denunciar ante las O que son asediadas, agredidas y atacadas por la GNB, PNB y grupos irregulares armados, amparados por los cuerpos de seguridad.
Responsables
La ONG también cree en el proceso de visibilizar a los responsables de los altos mandos militares de Lara como lo es el general José Rafael Torrealba, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Lara (ZODI) y Franklin Aguilar, comandante de la PNB.
“Torrealba viene dando muestras de autoritarismo evidente como lo denunciamos en 2016 cuando en una declaración pública amenazó con detener a las personas que ejercieran el derecho a la protesta en el caso de la adquisición del gas. Ahora, demuestra una vez más su talante represor al declarar que todo detenido será juzgado por terrorismo, además que reconoce que la GNB actúa en colaboración con colectivos ciudadanos civiles en el proceso del control del orden ciudadano”.
El funcionario será denunciado por parte de Funpaz ante el MP. Funpaz también asistirá a la Asamblea Nacional para que esta instancia interpele a los dos funcionarios.
