Diputados opositores venezolanos denunciaron ante Naciones Unidas que dos activistas del partido Primero Justicia que fueron detenidos el viernes, acusados por el gobierno de organizar actos terroristas, han sido torturados.
«Los han torturado física y psicológicamente. A Alejandro (Sánchez) lo colgaron de un brazo por 48 horas, le rociaron gasolina en la chaqueta. Su madre pasó por una quimioterapia y le dijeron que estaba enferma y que en cualquier momento podía dejar de tener suerte.
Le dijeron detalles del día a día de su novia», relató a periodistas este domingo el parlamentario Tomás Guanipa. El legislador aseguró que a los jóvenes incluso los amenazaron con quitarles la vida si no denunciaban a diputados de Primero Justicia de «cometer hechos falsos».
Los hermanos José y Alejandro Sánchez fueron arrestados en Caracas en medio de protestas que desde hace dos semanas se registran contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Las manifestaciones han derivado en violentos enfrentamientos con la fuerza pública, dejando 5 muertos y 117 detenidos, según el gobierno. El diputado Juan Miguel Matheus aseguró que a los hermanos Sánchez se les violó su libertad personal, pues fueron detenidos sin orden de captura y no estaban cometiendo delito alguno.
«Denunciamos su desaparición forzosa ante la Fiscalía y denunciamos los tratos crueles e inhumanos ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», indicó. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, afirmó que los dos jóvenes «organizaban actos terroristas y atentados contra la paz del país».
«Ambos detenidos han confesado su participación en la violencia de esta semana, han señalado a dirigentes de la derecha como financistas», escribió Reverol en Twitter. En contraste, Matheus afirmó que con los activistas se cometieron «crímenes de lesa humanidad», que -advirtió al gobierno- no prescriben.
«Maduro, Reverol, y todos los funcionarios involucrados tendrán que responder. El lunes llevaremos la denuncia ante la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía y ante la Defensoría. Tenemos una lista de 37 funcionarios involucrados», agregó.
