La sociedad civil organizada reclama paz. El pasado miércoles, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, acompañadas por el Arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Antonio José López Castillo, se pronunciaron sobre los recientes hechos de violencia, represión y tratamiento arbitrario a los detenidos en protesta.
El representante de la iglesia declaró su preocupación por la manera como los “grupos paramilitares” irrespetan la protesta de los civiles que reclaman democracia.
Llamó a orar, pero también salir a la calle, derecho que tiene el pueblo civil. Además pidió a los cuerpos de seguridad “respetar a los manifestantes”, puesto que “ellos están allí para cuidar al pueblo”.
Al pronunciamiento se sumaron organizaciones como Asociación Civil Justicia Solidaridad y Paz (Funpaz), UniversidadCentroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Cátedra Libre de los Derechos Humanos de la UCLA, Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Médicos Unidos de Venezuela, Asociación Civil Madres y Padres por los Niños en Venezuela (Mapani),Fraternidad LaicaDominica,Transparencia Venezuela, Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras-Lara), Cámara de Industriales, Colegio de Abogados, Comité de Jubilados yPensionados del estado Lara, Comité de Patrimonio Histórico de Lara y familiares de los jóvenes detenidos en los recientes hechos de protesta.
Padres de todos los detenidos
Luis Morichal, padre de Mario Morichal, joven detenido el pasado 6 de abril, pidió los jueces actuar con transparencia y sentido de la humanidad.
Expresó que la defensa y familiares no sólo han solicitado la reconsideración de la solicitud de fiadores, de difícil cumplimiento, sino también atención médica, primordialmentepara Óscar Torres, joven especial con ataques de ansiedad, cuyo informe fue presentado a la juez del caso, pero este fue omitido.
“Habló por Óscar porque ahora todos somos padres de Óscar”, comentó Morichal al solicitar con firmeza la liberación de este muchacho, cuya salud se ha deteriorado en los últimos días. Agradeció el apoyo de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), donde los jóvenes están detenidos.
Recalcó que los aprehendidos en protesta, son en su mayoría estudiantes, “el futuro de Venezuela”. Insistió que “no son terroristas sino manifestantes”.
Asimismo, solicitó el apoyo de la sociedad civil, en especial de funcionarios públicos que estén dispuestos a servir de fiadores, ya que el 80% de los ciudadanos que asumirían este rol, en el caso de los detenidos del 6 de abril, eran larenses que no pertenecen a nómina pública.
Lamentó que los funcionarios públicos sientan temor.
Les disparan mientras huyen
La doctora Blanca Figueroa de Médicos Unidos de Venezuela, organizaciónque defiende el derecho a la salud, expuso que al drama generado por el 90% de déficit de medicinas e insumos y el deteriorado estado de la infraestructura hospitalaria, se suma la represión de las manifestaciones con un nefasto saldo de heridos.
Según información de la organización la noche del pasado martes ingresaron a la Emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda, 15 personas heridas con arma de fuego, de las cuales ocho fueron llevadas a cirugía general con complicaciones de colón, lo cual detalló expresa la manera cómo fueron agredidas. “Estos patrones de disparo son de personas que huyen de un agresor, por lo que no se puede tener la hipótesis de que estaban atacando a un funcionario de seguridad. Son evidencias tácticas importantes”.
A Figueroa le llama la atención el estado de gravedad quirúrgica de los lesionados en protesta, por lo que formuló un llamado a los cuerpos de seguridad a no atacar a la ciudadanía.
Falso positivo
Nelson Freites, director de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UCLA, condenó las violaciones de los derechos humanos registradas en las últimas dos semanas. Asimismo, exhortó al gobierno del estado Lara a proteger a la colectividad con apoyo de la Policía de Lara, ya que cada día incrementa el número de heridos por arma de fuego, producto del desplazamiento de grupos violentos por la ciudad. “El gobierno regional debe asumir su responsabilidad y proteger a los ciudadano”, enfatizó.
Se solidarizó con el alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos por la “intromisión” de la fuerza militar en sus labores como ejecutivo local y poder civil, situación que condenó y relacionó con los ataques e intentos de intimidación a Monseñor López Castillo, perpetrados meses atrás por efectivos militares.
Advirtió que las recientes denuncias de ataques a la Corporación Venezolana de Alimentos (Cval), podrían ser parte un “falso positivo” para detener e imputar a jóvenes, sin pruebas contundentes, como ocurrió con el caso Cantv. Agregó que según vendedores informales de la zona, no hubo una movilización distinta a la habitual la noche del incendio de las nueve unidades.
Convocó a marchar el próximo Sábado Resurrección por los derechos humanos, en una ruta que darán a conocer en los próximos días.
