Los acontecimientos ocurridos en estos días no han hecho otra cosa que corroborar, que nos encontramos en presencia de una dictadura de corte “comunista”, revestida de un ropaje constitucional devenido de un organismo del poder público, severamente cuestionado por carecer de la necesaria solvencia moral y profesional para el ejercicio de sus funciones.
Así tenemos, como las decisiones tomadas por el Máximo Tribunal de la Republica no tienen el suficiente soporte jurídico para sustentarlas, además de estar recubiertas de una contaminación política que solo busca la instauración de un gobierno hegemónico que extermine los otros poderes públicos que conforman la institucionalidad democrática.
A partir del 06 de diciembre 2.015, luego de la estrepitosa derrota que el pueblo le infligiera al “oficialismo”, se desató una batalla campal que
se inicio con la designación apresurada de los 15 magistrados “exprés” del T.S.J., sin cualidades ni los atributos necesarios para ser elegidos, así como la ratificación en sus cargos de las 02 rectoras del C.N.E. con su periodo vencido.
De esa manera se lograba conformar una especie de “arca caudina” en el máximo tribunal, donde las Salas Constitucional y Electoral serían los instrumentos a utilizar para obstruir las actividades e iniciativas de la A.N.L., así como interrumpir la celebración de procesos electorales para la renovación de autoridades regionales, municipales y parlamentarias, sin conocerse aún el cronograma electoral.
Por otra parte, durante este tiempo se vino cocinando a “fuego lento” una estrategia para desplazar a una institución escogida por el pueblo, y transferir al Poder Ejecutivo una serie de facultades y atribuciones del Poder Legislativo, a través de habilitaciones y leyes de excepción, convirtiendo al alto gobierno en legisladores, ejecutores, contralores, procuradores, todo ello ejercido de manera conjunta y en complicidad con el componente militar.
Las más recientes decisiones asumidas por el T.S.J., resoluciones 155 y 156, han sido calificadas como un golpe de estado a la institucionalidad democrática, al plantear la eliminación de la inmunidad de los parlamentarios, secuestrar y transferir las atribuciones y funciones de la A.N.L. al Poder Ejecutivo, violando flagrantemente lo establecido en la carta magna.
Ahora bien, esta tropelía jurídica ocurre precisamente cuando en la O.E.A., la mayoría de los países que la integran, han planteado reunir al Consejo Permanente para estudiar la aplicación a Venezuela de la Carta Democrática Interamericana (Art. 20) por la violación de los derechos humanos, la crisis alimentaria, los presos políticos, la separación de poderes, el acoso y hostigamiento a la disidencia.
Sin embargo, el “oficialismo” y el alto gobierno han emprendido una campaña de descredito contra la O.E.A. y su Secretario General Luis Almagro, buscando hacer creer que nuestro país es una especie de “paraíso terrenal” y que solo se trata de un infamia inventada. Que estarán analizando ahora los miembros de la organización regional a raíz de los hechos recientes, ya que un mejor aval a sus responsables decisiones sería imposible.
En conclusión, y haciendo abstracción de la sabia posición asumida por la Fiscal General, creemos que ahora es una buena oportunidad para solicitar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que conduzca a la celebración de elecciones generales, que nos permitan por la vía, pacífica, democrática y constitucional, terminar con esta horrible pesadilla, como ha sido este oprobioso régimen militarista y comunista, y así los venezolanos podemos recobrar de nuevo la libertad y la felicidad de otrora. Valor y Pa´lante.
