Dentro de la crisis política actual el Gobierno Nacional desconoce la Asamblea Nacional (AN), lo cual impide modificar la ley de presupuesto y de crédito público, que tendría que ser discutida y aprobada por el mismo Parlamento, tal y como lo dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Como consecuencia, el Ejecutivo presenta problemas para refinanciar los compromisos de deuda externa y muestra sus intenciones por vender algunas acciones de empresas mixtas o activos de la industria petrolera, lo que no sólo violará la Carta Magna, sino que también afectará los intereses públicos de la nación.
Al intentar otorgar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la Presidencia de la República, los poderes legislativos para concretar dicho propósito también se viola la Ley de Hidrocarburos.
Dicha explicación la ofreció el economista Orlando Ochoa para referirse al servicio de deuda que debe atender Venezuela durante el 2017.
En pocos días tendrá que cancelar $2.000 millones, monto que compromete aún más los ingresos en divisas de Venezuela y complica la adquisición de alimentos y medicinas en el mercado internacional, además de otros componente netamente importados que requiere el país para el desarrollo de múltiples actividades.
Lamentó que la intención de venta de acciones no sea una medida estratégica para aumentar la participación extranjera, sino para conseguir unos cientos de millones de dólares a objeto de servir una “deuda mal manejada”.
Ochoa recordó que acciones de la corporación petrolera Citgo, fueron puestas en garantía a través de operaciones poco claras, por lo que el gobierno podría intentar de nuevo usarlas con aval para nuevas operaciones. También puede que venda parte de esta.
Sin embargo, se trata de un activo estratégico para la industria nacional de hidrocarburos, por contar con refinerías que procesan crudo extrapesado venezolano. Lo más perjudicial, indicó, sería que las vendiera.
Motivado al declive que ha registrado la empresa pública petrolera, en su producción y como parte de las políticas del chavismo, vender activos de esta industria, en especial de Citgo, representará males mayores para el país.
Por ello, el economista considera como favorable que la Asamblea Nacional, tal y como propone el diputado José Guerra, estudie mecanismos para refinanciar próximos tramos. El planteamiento sería positivo en medio de la actual crisis de país.
Dijo estar de acuerdo con la propuesta que pueda plantear el poder legislativo en este sentido. Sin embargo, esto demanda el reconocimiento de los demás poderes a la AN, a fin de negociar aspectos de política económica.
Compromiso por delante
Ochoa detalló que Venezuela en 2017 debe atender el servicio de bonos, deudas multilaterales como la sostenida con el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF, deudas bilaterales y con la banca privada, sin contar con otros compromisos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Es de recordar que el Gobierno venezolano intentó refinanciar la deuda que sostiene con la CAF, por el monto de $ 400 millones, pero la maniobra no fue posible, por no contar con una ley de financiamiento público.
Señaló que las operaciones “desesperadas” que el gobierno podría tener en puerta, se calculan por el orden de $500 millones.
Las contrapartes serían pequeñas instituciones financieras y de intercambio de bonos del Banco Central de Venezuela (BCV), lo que siguen sin atender la el próximo vencimiento por el orden de los $2000 millones.
