Reserva, temor y cautela, son las palabras que definen el ejercicio del periodismo en Venezuela debido a las constantes limitaciones, presiones, agresiones, censura y autocensura a la que están sometidos los profesionales de la comunicación que laboran en medios privados, públicos, comunitarios o independientes.
“El Estudio de Censura y autocensura en periodistas y medios de comunicación en Venezuela” durante el 2016, elaborado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) revela que cada día aumentan los niveles de opacidad, término que hace referencia a la falta claridad o transparencia, especialmente en la gestión pública, que al unirse con la censura y autocensura forma un coctel nocivo y peligroso para la sociedad actual.
Los resultados de este estudio , realizado por tercer año consecutivo, fueron presentados en vivo y directo por Marianela Balbi, directora ejecutiva y Mariengracia Chirinos, directora de Libertades Informativas de la organización, a través de la plataforma Youtube. El contenido de la investigación denominada “Un minuto de silencio”, se encuentra disponible en la página web www.ipysvenezuela.org.
El 86% de los 252 periodistas consultados, en 18 estados del país, llegó al consenso de que el principal problema para el periodismo en Venezuela lo representa el cierre de las fuentes de información de interés público, manejadas por instancias estatales y no estatales. Los principales actores que restringen el acceso a la información son los poderes públicos, incluida la Asamblea Nacional, lo cual según Balbi muestra que “este tipo de prácticas regresivas logran permear todos los sectores de la sociedad”. Incluso existen evidencias de que las empresas privadas y la misma sociedad civil organizada han optado dejar de ofrecer información oportuna.
“Los demás sectores sociales -aunque en menor medida- también adoptaron prácticas de ocultamiento de asuntos de interés público y abonaron el terreno para el juego de la desinformación”.
En las sombras
“La salud, alimentación, seguridad y justicia estuvieron en las sombras durante 2016. Estos fenómenos se escondieron en el caparazón de la violencia y la inseguridad que pusieron en riesgo la labor de los periodistas”, dice en el capítulo titulado “Antídoto contra la censura”.
“El oscurantismo en materia de información es síntoma de anomalías y da cuenta de una sociedad débil y enferma ante la ausencia de la rendición de cuentas y la falta de transparencia”, reza el apartado Diagnóstico reservado en el que se detalla que el 74% de los periodistas encuestados se dijeron afectados por la ausencia de información en los centros de asistencia médica del país, lo cual evidencia que estos recintos son los principales ejemplos de opacidad.
Con altas recurrencias también aparecieron las instituciones del poder ejecutivo: los ministerios (42%); los organismos tributarios (31%); la Presidencia de la República (30%); las gobernaciones (29%); la Fiscalía General de la República (29%); la Contraloría General de la República (22%); y la Defensoría del Pueblo (22%).
“El mutismo en 2016 se convirtió en una norma social. Así lo reflejaron los impedimentos que encontraron al consultar diversas fuentes no estatales. Los periodistas -en distintas escalas- se toparon con prácticas de opacidad, principalmente, en grupos de manifestantes violentos (58%); partidos políticos (58%) y también en empresas productoras, distribuidoras o comercializadoras de alimentos (57%)”.
Los resultados confirman que la opacidad es una política de Estado, leyó Balbi. “Se ha instaurado como una cultura que se manifiesta en acciones cotidianas de confiscar al ciudadano su derecho a estar informado, y que denota esa insistencia de esconder todo aquello que el país necesita saber y, sobre todo, es de su interés”.
Periodismo y democracia
Pese a la crisis de censura, autocensura y opacidad que vive en Venezuela, los profesionales de la comunicación están claros en lo que se requiere para salir del oscurantismo y como parte del estudio cuantitativo ofrecieron 5 propuestas que apuntan a mejorar las condiciones de su labor, a fin de mantener el derecho a la información de la ciudadana y garantizar la democracia.
En primer lugar, piden “acceso a la información”, para lo cual se deben establecer mecanismos efectivos para la rendición de cuentas en las instituciones estatales y no estatales que manejan información de interés público; desarrollar un programa que garantice la difusión de estadísticas oficiales; y aprobar una Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública.
Asimismo, solicitan “seguridad y protección” en el ejercicio de sus funciones. “Quieren garantías de que no habrá consecuencias por hacer una cobertura (ir presos, ser golpeados)”, comentó Balbi.
También piden “políticas de comunicación justas”, lo cual implica entre otras cosas “una revisión de las funciones y la actuación de las instancias oficiales que, entre otros asuntos, regulan las concesiones y el monitoreo de los contenidos de los medios de comunicación radioeléctricos, las políticas de internet y el mercado de la compra y distribución del papel periódico”.
La concepción de “Internet como un derecho humano” y la “libertad de opinión”, forman parte de las propuestas que según IPYS representan “un antídoto contra la desinformación que se ha impuesto en Venezuela como estrategia política”.
Otro de los capítulos de la investigación se denominó “Los votos del silencio” y hace referencia a lo sucedido en la cobertura del proceso del Referendo Revocatorio que fue anulado. Este capítulo, según Chirinos, contó con el aporte del Observatorio Electoral Venezolano. Además y las percepciones de la historiadora Margarita López Maya y del escritor venezolano Alberto Barrera Tyszka.
