Avanzada Progresista, como otras organizaciones aglutinadas en la Mesa de la Unidad Democrática, apoya el proceso que se debe iniciar contra los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que dictaron las sentencias 155 y 156, la semana pasada, cuyos objetivos fueron los de suprimir la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional y asumir las atribuciones y funciones del Poder Legislativo.
Al formular el planteamiento, Pablo Álvarez, coordinador electoral de la MUD y de Avanzada Progresista, resaltó que esas decisiones constituyeron un severo y demoledor golpe a la democracia, a la Constitución y, por supuesto, el desconocimiento a la Asamblea Nacional y a la voluntad expresada por 14 millones de electores.
Hoy estamos apoyando a los diputados de la Asamblea Nacional, que tienen entre sus facultades la escogencia de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, para que inicien el procedimiento estipulados en los artículos 5, 25 y 139 del texto constitucional, según los cuales la violación a la Constitución acarrea responsabilidades y sanciones civiles, administrativas y penales. Ahora corresponderá a los órganos competentes actuar en base a esos mandatos.
La denuncia de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, fue muy precisa cuando señaló que dichas sentencias evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento de Estado consagrado en la Constitución, lo que constituye una ruptura del orden constitucional.
El lunes de esta semana, en sesión extraordinaria, se pronunció la Organización de Estados Americanos con 17 votos contra la grave alteración del orden constitucional de Venezuela y apuesta a los mecanismos de resolución pacífica a los conflictos que hoy estamos viviendo, para restituir el orden constitucional.
Ante esta situación, Avanzada Progresista considera que en este momento es necesaria una negociación para lograr un acuerdo político en el país, que convoque a una transición democrática.
Nuestra organización política estima pertinente un acuerdo de unidad nacional, dentro del cual deben establecerse la celebración de elecciones regionales y municipales, liberación de los presos políticos y adelanto de las elecciones presidenciales, así como lograr la ayuda humanitaria.
Todo esto está enmarcado en el desarrollo de un proceso de reinstitucionalización del Estado venezolano.
En ese mismo sentido para que se restablezca una verdadera democracia sólida se hace imprescindible una relegitimación de los poderes públicos.
Urge establecer la independencia de los poderes, ya que las decisiones del TSJ violan ese principio y alimentan la radicalización política que perjudica el normal desenvolvimiento del país.
