La Asamblea Nacional activó el miércoles el proceso de remoción de los siete magistrados del Tribunal Supremo que emitieron las dos sentencias contra el Legislativo que reavivaron las tensiones políticas en Venezuela.
La mayoría opositora del Congreso aprobó, sin la presencia de la bancada oficialista, la activación del proceso de destitución de los miembros de la Sala Constitucional del máximo tribunal que podría extenderse por varios días y que ha sido objetado de antemano por la Corte y el oficialismo.
Mientras los congresistas sesionaban decenas de seguidores se concentraron a las afueras de Congreso para protestar contra los opositores.
Es poco probable que el proceso prospere debido a que el único órgano facultado por la constitución para investigar a los magistrados del Tribunal Supremo es el Poder Ciudadano, integrado por la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría, todos señalados de estar vinculados al oficialismo.
Sin embargo, el diputado opositor Juan Miguel Matheus indicó que «todo está configurado para que esta Asamblea Nacional pueda remover a los magistrados». El legislador aseguró que en el caso de los siete magistrados de la Sala Constitucional se cumplen todas las causales para destituirlos y ser objeto de un proceso penal por el «golpe de Estado» que, aseguró, cometieron con sus recientes sentencias contra el Congreso.
La Asamblea Nacional procederá ahora a crear una comisión que se encargará de recibir las postulaciones de los candidatos a magistrados que se elegirán luego de que se concrete la destitución de los siete jueces, explicó a The Associated Press el diputado opositor Carlos Berrizbeita.
El jefe de la bancada oficialista, diputado Héctor Rodríguez, rechazó las acciones de sus colegas y los acusó de actuar contra la constitución y de promover un «golpe de Estado parlamentario».
A las críticas se sumó la junta directiva de la Corte que acusó en un comunicado a la Asamblea Nacional de actuar contra la «estabilidad política» y el «orden constitucional».
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