Cualquier país que se precie de ser democrático y respete la Constitución y las leyes, no tendría por ninguna circunstancia argumentos para posponer, retardar o en el peor de los casos negarse a realizar los procesos eleccionarios establecidos en la Carta Magna.
Aquellos que así lo hicieren, a todas luces estarían infringiendo el hilo constitucional: los que valiéndose de su despotismo utilizan a los poderes públicos para poner en práctica todas las trabas que les permita darle legalidad a tan inconstitucional y dictatorial propósito, los que no cumplen con los tratados internacionales suscritos, en defensa y ejecución de los principios que sustentan la democracia, no pueden aspirar a que nacional e internacionalmente les valoren con legitimidad en el ejercicio de sus funciones, por tanto es evidente y notorio que son antidemocráticos.
Es el escenario palpable que se vive en nuestra Venezuela, el régimen que ejerce el gobierno aplica sus “propias leyes”, aquellas que el tsj dicta sobre las contenidas en la Constitución vigente. El régimen desde sus inicios fue forjando su totalitario propósito, construyendo un tinglado institucional que les permitiera blindarse frente a las acciones legales que no pudieran desconocer y vulnerar, y ante la voluntad y decisión de una población que mediante el voto les negase el apoyo popular.
Llegada esta situación fatal para el régimen, al elegir el pueblo una AN opositora, caen en cuenta que no tienen los votos para ganar elecciones venideras, es cuando deciden optar por las “argucias legales” para no realizar elección alguna, o en todo caso posponerlas, supuestamente hasta cuando crean que puedan ganarlas, basados en la premisa según la cual detentar el poder absolutista da la sensación y esperanza de mantenerlo.
La manifestación de la gente al validar y relegitimar a los partidos políticos, la posición de la OEA, la comunidad internacional y parlamentos de otros países, es un mandato para que se establezca el cronograma electoral en el país, es muestra fehaciente de que son las elecciones la vía institucional para legitimar la democracia.
Ahora bien, el régimen se encuentra en el dilema de que no tiene escapatoria, y lo más grave y preocupante del dilema es perderlas; no aceptan por ceguera ideológica la alternabilidad, y es que así lo indican todos los pronósticos, más del 80% de la población desea un cambio de gobierno.
Entregar el poder significa rendir cuenta a la justicia por el saqueo inocultable que se le ha hecho a la nación. ¿Cuál sector de la administración o de los organismos autónomos se salva de esta malversación?, ¿cuántos y cuáles funcionarios tendrían que responder por el peculado y los cientos de ilícitos que se han cometido? En estos 18 años el país ha sido devastado por la corrupción, ¿en quién o quienes recaerá la responsabilidad penal? ¡Ahí está el dilema!
