Las dos últimas sentencias dictadas por los magistrados de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia levantan el velo al régimen del cual forman parte, exhibiendo de manera expresa a todos los venezolanos y a la comunidad internacional, su naturaleza autócrata.
Así se desprende de la posición del Frente Amplio Social Lara (FAS), siendo su coordinador en la entidad, Rafael Saleros y adjunta, la doctora Oly Castiglia, mismo criterio que comparten sus miembros Frizt Slusnys, Javitmar Medina, Luis Guerra, Zaida Monsalve y Liliana Juárez.
Ambas decisiones, consolidan el golpe mortal a la democracia venezolana, a ochocientos años de cultura parlamentaria, a la voluntad popular y la muy vejada constitucionalidad.
La fraudulenta actuación de la Asamblea Nacional, el 24 de diciembre de 2015, en el proceso de designación de los ya conocidos “magistrados exprés”, fue la misma colocada por el régimen, para evitar a toda costa los controles de la nueva asamblea nacional, constitucionalmente debía ejercer sobre un gobierno marcado por la corrupción e ineficiencia, y acostumbrado al ejercicio del poder sin control alguno.
Lograda de manera espuria la colocación de la mira, la labor jurisprudencial no ha sido otra que torpedear de manera sistemática la actividad parlamentaria de la Asamblea Nacional elegida por la mayoría de los venezolanos, importando poco el barrido a la constitucionalidad del país.
El desacato que se imputa a la Asamblea Nacional es una falsa columna dibujada para sostener una serie de decisiones que la han permitido blindar con un aparente legalidad a la ilegalidad, a la ilegitimidad y a la inconstitucionalidad, del actuar de un régimen al que poco le importan los derechos humanos, la democracia, el bien común y la paz social.
La realidad que se nos presenta en la Asamblea Nacional y el resto de los poderes públicos secuestrados, estos últimos por el Ejecutivo nacional, es un conflicto de poderes cazado, ante la intromisión de las atribuciones y competencias del parlamento por parte de un poder judicial del cual todos los venezolanos conocemos su falta de probidad.
