El lugar de concentración fue simbólicamente eco de sus exigencias. En rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la sociedad civil constituida en distintas organizaciones, se concentró ayer en la Plaza La Justicia de Barquisimeto, con el fin de solicitar se respeten las garantías constitucionales.
La convocatoria realizada por la Asociación Civil Justicia Solidaridad y Paz (Funpaz) y la cátedra libre de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), tuvo como fin primordial entregar al director del Circuito Judicial, Jorge Eliecer Rondón, un documento suscrito por 54 organizaciones civiles que condenan la reciente decisión de la Sala Constitucional del TSJ, la cual no sólo inhabilita a los diputados, sino que anula la expresión del voto popular, a través de la cual los mismos fueron electos, lo que consagra al régimen de Nicolás Maduro como dictatorial.
Así lo explicó Andrés Colmenares, director de Funpaz, quien señaló que la intención de estos llamamientos es “combatir el desánimo nacional” ante la compleja crisis democrática que atraviesa el país.
Sobre el pronunciamiento de la fiscal Luisa Ortega Díaz, señaló que pudiese ser una posición valiente aunque quizás tardía.
Por su parte, el sociólogo Nelson Fréitez, de la cátedra libre de Derechos Humanos, refirió que lo ocurrido en el país en los últimos días es “sumamente grave” y “amerita una respuesta colectiva”.
La concentración de este día, es el inicio de una acción de calle de diferentes sectores, que busca “aislar a quienes conculcan los derechos de los venezolanos”.
Aseguró que las protestas continuarán “porque la gente se muere de hambre y no tiene medicinas, porque estamos oprimidos y no soportamos esta situación”.
El esfuerzo de las asociaciones civiles convocantes será, de ahora en adelante, para minimizar el temor de la ciudadanía y llamarlos a expresar su malestar en la calle, para que, junto a la presión internacional lograr un gran movimiento que derrote la ruptura del hilo constitucional.
En la concentración se hicieron presentes miembros del Colegio de Profesores, Colegio de Abogados, fundaciones, iglesia católica y partidos políticos; todos como actores sociales que se suman al rescate de la democracia en Venezuela.
Las organizaciones convocantes sostuvieron que continuarán en la calle de manera pasiva, pero contundente, en rechazo a cualquier acto violento y antidemocrático.
Recibimiento y omisión
La carta respaldada por la firma de la ciudadanía, fue entregada por los abogados Carmen Luisa Durán del Colegio de Abogado, Jairo García presidente de Fundación Universitas y el sociólogo Nelson Fréitez de la catedra libre de Derechos Humanos de la UCLA. La misiva fue recibida por la asistente del director del circuito.
Al consultarle al director de Funpaz, si esperan una respuesta al respecto, expresó que se trata de un acto simbólico pero legal, ya que el recibimiento del documento, lo hace copartícipe del mismo, por lo que cualquier homición por acción, podría representar consecuencias posteriores para el funcionario.
Recordó que en el texto se rechazan delitos de lesa humanidad , los cuales no prescriben.
Iglesia se suma al llamado
Monseñor Antonio José López Castillo, Arzobispo de Barquisimeto también se hizo presente en el encuentro, como muestra del respaldo de la iglesia a la lucha por los derechos civiles y constitucionales.
Expresó que la reciente medida del TSJ es propia de un proceso de “dictatura y despotismo”. En tal sentido, rechazó la sentencia y subrayó que los venezolanos deben ser demócratas y buscar caminos de paz.
Reflexionó que la AN no ha incurrido en desacato alguno y que la solicitud de la activación de la Carta Democrática Interamericana es también un derecho de todos los venezolanos, al ser suscrita por Venezuela. Sobre el deseo civil de salir a la calle en repudió al desconocimiento a la letra constitucional, subrayó que también es derecho un de todos los venezolanos “exigir democracia”.
En tal sentido, manifestó que la Fuerza Armada Nacional debe cumplir con su función de hacer respetar la constitución y que las actuaciones del TSJ y del Ejecutivo Nacional no son constitucionales. “Si no lo hacen es porque se han dejado comprar por el sistema despótico”.
La ley como recurso
Como parte de su participación en esta concentración civil la abogado Carmen Luisa Durán indicó que la voz de todos los sectores debe levantarse en desacuerdo con la decisión inconstitucional del TSJ, que también niega a los venezolanos su derecho a la democracia, como una garantía contemplada en la Carta Interamericana de Derechos Humanos.
Recordó que los magistrados de este poder “llegaron a la Sala Constitucional de manera irregular”, tras la conformación de una Asamblea Nacional de mayoría opositora; expresión y poder que se pretende eliminar a pesar de considerarse la representación más genuina de la soberanía popular.
Acotó que desde hace varios años el gremio ha observado y denunciado que la Sala Constitucional del TSJ ha “reescrito el texto constitucional”, a través de sentencias de reinterpretación política. Situación que se ha traducido en una supresión de poderes públicos y derechos ciudadanos.
Sobre las herramientas disponibles para revertir los efectos de la sentencia, explicó que internamente existe un recurso de revisión, el cual puede ser solicitado, pero sería efectuado ante la misma sala.
Al no haber garantías de un procedimiento legal, expresó que entonces resta como mecanismo la acción ciudadana.
