Las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con las que la justicia asumió las funciones del legislativo, constituyen “violaciones” del orden constitucional, aseguró este viernes la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
La alta funcionaria del Ministerio Pública, hizo este pronunciamiento durante el acto de presentación de la Memoria y Cuenta de su gestión 2016, la cual se realizó en la sede de la Fiscalía y no como lo han hecho otras dependencias oficiales, ante el TSJ.
“Las decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dichas sentencias evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación”, dijo Ortega Díaz.
“Existe en el país una pugna institucional que complica los fines del Estado, que son la construcción de una sociedad justa y el bienestar del pueblo”, indicó Ortega Díaz.
Al referirse específicamente al balance de gestión, detalló que “en 2016 detectamos una alta incidencia de homicidios intencionales, que se evidencia en una taza de 70.1 por cada 100 mil habitantes. Este indicador nos llama a establecer como meta disminución de la criminalidad”.
Por otro lado, comentó que registraron 12.069 víctimas entre 15 y 30 años “un trágico saldo que atenta contra nuestra generación de relevo”.
También indicó que es imperativo el desarme de la población en el país para lograr la disminución de la criminalidad.
La máxima representante del Ministerio Público también reseñó las violaciones a los derechos humanos en el 2016.
Por estos hechos “se imputaron 2.441 funcionarios por la presunta violación de derechos humanos y a causa a 635, de los cuales 266 ya están condenados. Entre los delitos están el homicidio, tortura, trato cruel y privación ilegítima de la libertad”.
“En el 2016 se imputó a 80 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad por la pérdida de vida de personas, acusando a 16”, destacó.
Materias prioritarias
Señaló que hay algunos tópicos y acciones que son de impostergable abordaje por parte de todas las instituciones, siendo estos:
- Considera el Ministerio Público y la Fiscal General que hay que ejecutar de manera inmediata y efectiva, una política de control de armas y municiones y en materia de desarme.
- Tenemos que diseñar con urgencia un plan de atención a la niñez y a la población juvenil.
- Tenemos que establecer mecanismos de control, supervisión y seguimiento, que garanticen que no se produzcan desviaciones en el actuar de los funcionarios policiales.
- Tenemos que estudiar, partiendo de los datos oficiales, los aspectos positivos y negativos de la aplicación de las OLP.
- Retomar la institucionalidad, el respeto del Ordenamiento Jurídico y ocuparnos de atender las grandes necesidades y carencias, que soporta el pueblo venezolano.
- Expresó que Venezuela es un país soberano, que los venezolanos no aceptamos injerencia extranjera, y en tal sentido invocó el artículo 1 de la Constitución, afirmando estar en contra de cualquier injerencia, en contra de cualquier hecho que atente contra la autodeterminación de Venezuela.
Las decisiones del TSJ
Señaló que considera un deber histórico ineludible, no solo como Fiscal General de la República, sino como ciudadana de este país, referirse a las recientes decisiones Números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
-En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo del Estado consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país, mi alta preocupación por tal evento, sobre todo considerando que todas y todos los venezolanos, a través del proceso constituyente de 1999, logramos generar este contrato social que es la Constitución, todos aquellos que quienes participamos en este evento-, afirmó
Señaló que como máxima representante del Ministerio Público, en nombre de casi más de 10.000 funcionarios y adicional, casi 3.000 fiscales que ejercen en forma autónoma la acción penal, hace un llamado a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, que respetando la Carta Magna propiciemos un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad, a que se debata en forma democrática y respetando las diferencias, conseguir caminos institucionales que garanticen la paz y superen los obstáculos que impiden actualmente brindar la calidad de vida que reclama nuestra población, dijo Ortega Díaz.
