Entre el sociólogo Rafael Uzcátegui, el abogado Jairo García y el politólogo Daniel Azuaje desgranaron las implicaciones de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) en un foro resuelto en la Sala de Exposiciones de El IMPULSO, ayer por la tarde.
El encuentro se convirtió en un “ejercicio de responsabilidad ciudadana”, como lo describió el sociólogo larense Nelson Fréitez, uno de los organizadores del evento con la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), extendido por cuatro horas dada la minuciosa exposición de cada experto y el posterior debate a partir las inquietudes del público, formado por historiadores, exdirigentes políticos, activistas de Derechos Humanos y ciudadanos interesados en despejar dudas acerca de este mecanismo diplomático internacional.
Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), en principio aclaró que la CDI fue creada en 2001 con la participación activa de Venezuela y con la aprobación del fallecido presidente Hugo Chávez, quien fue uno de los coautores y la promovió como un mecanismo democrático para la resolución de conflictos.
Por estos días, el mandatario nacional actual quiere hacerla ver como un elemento negativo al asegurar que facilitaría una eventual invasión extranjera, que serviría para sacar a Nicolás Maduro del poder o para expulsar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA), todas, dijo, son versiones falsas.
“Las peores sanciones que están presentes en la CDI en su artículo 21 es que Venezuela quedaría suspendida de sus participación en los diferentes organismos de la OEA, pero seguiría siendo un Estado miembro con los compromisos y la OEA seguiría gestionando mecanismos diplomáticos para volver a la normalidad democrática”, abundó el sociólogo.
Lo que podría ocurrir si finalmente se suspende a Venezuela es que dejaría de obtener inversiones y negociaciones en el extranjero y esto “aumentaría los niveles de presión contra el Estado Venezolano” y podría incrementar las “contradicciones internas que hay dentro del Gobierno, porque al ponerse en entredicho la naturaleza democrática del Gobierno creemos que eso va a aflorar las divisiones internas”, pronosticó Uzcátegui.
También, es posible que el Gobierno, al modo de ver del politólogo Azuaje, quede más aislado. No así la sociedad, porque al estar en la mira mundial va a estar más acompañada. En lo económico coincide con Uzcátegui, se incrementaría la deuda externa. “Lo malo de eso es que probablemente las importaciones no lleguen a Venezuela y la población también va a estar afectada y eso va significar que se intensifique la crisis humanitaria, porque no hay posibilidad del que el tejido productivo venezolano abastezca la demanda”.
Avance
Las dos reuniones extraordinarias del Consejo Permanente desarrolladas esta semana el coordinador de Provea las evalúa favorables “porque la atención regional se había desplazado a la figura de Donald Trump por sus decisiones polémicas. La región le había quitado la mirada a Venezuela y gracias a este proceso no solamente el tema venezolano sigue en el tapete sino que los países han tenido que pronunciarse para dar una opinión del país”.
Hay, además, nuevos elementos que suman peso como lo es la sentencia reciente del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual asume la responsabilidad de las competencias parlamentarias.
Reconoció que los tiempos de los procesos diplomáticos no se amoldan a la urgencia de los problemas de Venezuela, no obstante, se ha acelerado en los últimos días. “Si se agotan los buenos oficios como lo establece el artículo 20, pasaríamos entonces al artículo 21 que es el de las sanciones. Correspondería ir a una asamblea extraordinaria de la OEA para establecer estas sanciones (suspender al Estado)”.
En este punto advirtió que la CDI no equivale a una fórmula capaz de devolverle la estabilidad en todos los órdenes al país: “Es un mecanismo de presión diplomática que debería obligar al Gobierno a rectificar en la suspensión del derecho al voto, de las políticas que no garantizan el derecho a la alimentación y las medicinas, entre otras cosas. Esto no va a solucionar mágicamente los problemas. Es un mecanismo de presión más. Por supuesto, el informe de Almagro lo dice, que la solución pasa porque el pueblo venezolano sea consultado, pueda ejercer su derecho al voto y decidir cuál va a ser su destino”.
Azuaje opina de la misma manera. Por eso, alertó a los ciudadanos a no guardar “falsas esperanzas”, pues la CDI es solo “es un factor de cambio, el cambio lo vamos a generar nosotros los venezolanos”.
