El retiro de la inmunidad a los diputados en Venezuela abre la posibilidad de enjuiciarlos penalmente, lo que según analistas podría aprovechar el gobierno del presidente Nicolás Maduro para responder con mayor radicalismo a la creciente presión internacional frente a la crisis.
Justo cuando el país enfrenta posibles sanciones en la Organización de Estados Americanos (OEA) por el deterioro político y económico, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dejó sin fuero a los legisladores, expuestos ahora a ser acusados incluso por delitos militares.
Lo hizo con una sentencia que anula un reciente acuerdo de la mayoría opositora, que pidió aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana, mecanismo que prevé suspender al país de la OEA en caso de ruptura del hilo constitucional.
«El gobierno está tratando de aumentar la presión sobre los parlamentarios y la comunidad internacional, diciendo que está dispuesto a tomar represalias y apresar a líderes opositores que estén buscando ayuda en el exterior», dijo este miércoles a la AFP el analista Benigno Alarcón.
Acusado por la oposición de servir al gobierno, el TSJ alega que los asambleístas carecen de fuero porque están en desacato, al no haber desvinculado a tres diputados opositores acusados de fraude electoral. Con ese argumento ha anulado todas sus decisiones.
La corte también se hizo eco de los alegatos del presidente Nicolás Maduro de que, al pedir la aplicación de la Carta Democrática, lo cual rechaza, los asambleístas incurrieron en «traición a la patria», delito castigado hasta con 30 años de cárcel.
«Almagro fracasó»
«La Carta es un tema que les preocupa mucho y están tratando de evitar que la oposición, a través de la Asamblea, el único órgano que controla, interactúe con actores internacionales», indicó Alarcón.
Las sanciones son promovidas por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien exige convocar a elecciones generales en corto plazo y liberar a un centenar de opositores presos.
El fallo del TSJ fue emitido el martes, mientras el Consejo Permanente de la OEA debatía en Washington sobre la crisis venezolana, caracterizada por un choque de poderes entre el gobierno y el Parlamento, y una debacle socioeconómica.
Bajo protesta de Caracas, la cita fue planteada por 18 países (de 34 que integran la OEA), incluidos Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México, a los cuales la delegación venezolana acusó de injerencismo.
Aunque no hubo decisiones, 20 países expresaron «preocupación» por Venezuela y anunciaron un nuevo Consejo Permanente para retomar el debate.
Aun así, la canciller Delcy Rodríguez reiteró este miércoles que la ofensiva de Almagro «fracasó» porque primó la «sensatez de los países respetuosos de la legalidad».
Según el analista Juan Manuel Raffalli, ante la posibilidad de que el gobierno de Maduro pierda el control de la situación en la OEA, el TSJ le «sirve la mesa para que pueda aislar internacionalmente» al país.
En su dictamen, el tribunal le otorgó amplias facultades al presidente para evitar una «conmoción interior» y ordenó que «evalúe el comportamiento» de organizaciones como la OEA.
Acogiéndose a ese mandato -que Raffalli califica como una «pantomima»-, Maduro llamó a un debate sobre la «pertinencia» de que Venezuela siga integrando la OEA.
Hacia un régimen totalitario
La corte fue más lejos al habilitar al gobernante socialista para reformar, en el marco de un estado de excepción vigente desde enero de 2016, las leyes sobre delincuencia organizada, terrorismo y el código de justicia militar, a fin de «conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática».
«Esto solamente se ha visto en regímenes totalitarios y creo que hacia allá avanzamos», comentó Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello.
El presidente del Parlamento, Julio Borges, consideró este miércoles que la respuesta del Estado a la OEA «agrava la situación».
Por ello, algunos analistas creen que la presión internacional crecerá, si bien dudan de su efectividad.
«Estados Unidos sí puede dar un paso más allá con nuevas sanciones e investigaciones a funcionarios», tras haber incluido al vicepresidente, Tareck El Aissami, en su lista de narcotraficantes, estimó Alarcón.
Los comicios presidenciales están pautados para diciembre de 2018, mientras los regionales debieron realizarse a fines del año pasado, pero el poder electoral los pospuso para 2017 y aún no fija fecha.
