Otra vez Venezuela es protagonista en la Organización de Estados Americanos (OEA). Y es que su secretario general, Luis Almagro, presentó un informe al Consejo Permanente hace unos días en el que solicita la activación de la Carta Democrática Interamericana en el país como mecanismo institucional para restaurar la democracia.
En el mes de mayo del año pasado Almagro ya había elevado un informe al Consejo Permanente, en él realizó un análisis detallado de la terrible situación venezolana y señalaba el rol de la Carta Democrática, para establecer los mecanismos diplomáticos y de buenos oficios establecidos en el documento para solventar la crisis venezolana.
En el nuevo informe, Almagro denunció que la mediación de la OEA fue rechazada de “forma grosera” por parte del gobierno venezolano y realizó una radiografía del drama venezolano. El documento señala que el segundo semestre de 2016 se consumió en la obstaculización del referendo revocatorio y el inicio de un proceso de diálogo auspiciado por Unasur que fracasó estrepitosamente. El informe comparte responsabilidades en el fracaso del diálogo al gobierno, a una parte de la oposición y a los mediadores.
Esta vez la OEA asumió una posición más dura que habla claramente de una “ruptura del orden constitucional “en nuestro país y por ende insta a la organización a suspender al país de su derecho de participación, mientras se solventa la situación de ruptura. Para ello recomienda la realización de elecciones generales lo más pronto posible, la liberación de los presos políticos, el establecimiento de un canal humanitario, la implementación de un sistema de lucha contra la corrupción con apoyo internacional y el restablecimiento del poder de la Asamblea Nacional, que implica el nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Incluso, se otorga un plazo de 30 días para la implementación de estas recomendaciones, y en caso contrario se procederá a la aplicación del artículo 21 de la Carta que establece la suspensión de nuestro país de la OEA.
No obstante, el camino para lograr la activación de la Carta luce bastante empedrado. Se necesita la convocatoria a una asamblea general de los Estados miembros, en la que como mínimo 18 países deben aprobar la moción, y luego otra asamblea en la que al menos 24 países determinen la sanción.
Es difícil que esta iniciativa pueda tener éxito porque requiere de la construcción de un gran acuerdo entre los Estados miembros que hasta ahora no existe en la región debido a los intereses geopolíticos de los diversos actores, en especial los países que forman parte de Petrocaribe.
Ahora bien, la gente se pregunta en la calle, ¿en el caso de que esta iniciativa tuviera éxito cuáles serán las consecuencias prácticas en la vida de los ciudadanos? Pues, la respuesta es ninguna, al menos a corto plazo. La Carta Democrática establece mecanismos diplomáticos para contribuir a solventar una amenaza a la democracia o una ruptura del hilo constitucional, pero para utilizar la diplomacia debe haber la aprobación del Estado afectado para la visita de la misión de la OEA, o bien cuando existe ruptura constitucional, debe haber un amplio consenso entre los Estados miembros para acordar la suspensión.
Es conveniente aclarar que la Carta no implica una intervención del país, ni contempla uso alguno de la fuerza, ni mucho menos forzar a un cambio de gobierno, porque justamente la OEA es una organización nacida para fomentar la paz y la democracia en nuestras naciones, por ende las sanciones son básicamente de tipo morales y políticas.
Esta iniciativa del secretario general constituye un llamado de atención a la región sobre la situación venezolana. No se descarta que la situación pueda cambiar, porque el hundimiento del país está generando un desplazamiento masivo de venezolanos hacia los países vecinos que de no solventarse la crisis, alcanzará niveles inimaginables en los próximos meses.
A pesar de esta histórica iniciativa de la OEA, sin la articulación de una estrategia de presión interna coherente y sostenida por parte de los sectores opositores es muy difícil que pueda llevarse a cabo un cambio de gobierno incluso en 2018 cuando está prevista constitucionalmente la elección presidencial.
