Uno de los partidos de mayor tradición de Venezuela, Copei, admitió que falló en su intento por alcanzar las cuotas de apoyo exigidas en un controversial proceso de validación de organizaciones políticas, debido a lo cual podría ser inhabilitado.
«No logró nuestra organización alcanzar el objetivo», señaló este lunes el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) en un comunicado.
Esta agrupación y Acción Democrática (AD) -que dominaron la escena política venezolana antes del surgimiento del chavismo- se sometieron entre sábado y domingo a la validación exigida por el poder electoral, pero solo este último aseguró haber obtenido el respaldo necesario.
Enrique Mendoza, coordinador del proceso en Copei, indicó no obstante que su colectividad se acogerá a un plazo ampliado previsto tras la finalización del procedimiento, que comenzó el 4 de marzo y cerrará el 7 de mayo.
Un total de 59 partidos deben relegitimarse por no haber participado en las dos últimas elecciones o no lograr el 1% de los votos emitidos en esos comicios.
Copei no presentó candidatos en las más recientes votaciones -las parlamentarias de 2015- debido a una pugna interna por el control del movimiento en la que intervino el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El TSJ -acusado por la oposición de servir al oficialismo- nombró una junta directiva que es desconocida por parte de la dirigencia de Copei.
Los partidos deben recoger firmas equivalentes al 0,5% del padrón electoral en 12 estados, en un lapso de dos días por formación. De no lograr los mínimos, se podrá ir a una «fase de reparos» de dos días adicionales.
No tendrán que revalidarse el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ni la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), aunque sí la treintena de movimientos que la integran.
Partidos chavistas y opositores han rechazado las condiciones, al considerar insuficientes las máquinas de registro de huellas dactilares dispuestas por el CNE, así como los lapsos.
Incluso aliados del presidente Nicolás Maduro, como el Partido Comunista (PCV), impugnaron el proceso al considerar que derivará en su «ilegalización».
