“Ya no sé si comer o pagar al agua porque necesito las dos para sobrevivir”.
“Na’ guará, ahora resulta que estoy pagando más en aseo que en luz y eso que ahora no se puede desperdiciar nada”.
Expresiones como esas son frecuentes en las colas que se forman en los sitios donde las personas deben acudir para cancelar servicios públicos como aseo urbano y domiciliario o agua.
El caso es que los parroquianos, concretamente en Iribarren y Palavecino, no tienen donde acudir para que haya una verdadera sincerización de las tarifas.
Además, en organismos como la Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Precios Justos o Consejo Legislativo no pareciera haber nadie interesado en defender a los usuarios.
Eso se desprende de las gestiones que el abogado Heimold Suárez ha hecho, infructuosamente, ante esos organismos.
Resignados, los ciudadanos deben pagar de acuerdo a las tarifas que estructuren en Hidrolara o Imaubar, este último ahora denominado Ambiente BQTO.
“Yo pagaba 2.300 por agua y ahora tengo que pagar 5.000, y si no pago no tengo agua para la comida o el aseo”, dijo F. Delgado mientras hacía cola para cancelar en la sede de Hidrolara en la avenida Libertador.
“Este mes me toca pagar 8.200 bolívares por el aseo del negocito”, expresó muy preocupado, Alfonso Villa en su pequeña venta de empanadas en la carrera 28 entre 21 y 22.
Al mismo tiempo mostró una pequeña cesta con algunos papeles, los únicos desperdicios que le deja su medio día de trabajo. Insistió en que es una tarifa exagerada porque sólo tiene un pequeño negocito, además de que por concepto de electricidad paga 2 mil bolívares.
Villa, como muchos, ha pedido varias veces reconsideración de su tarifa sin resultado alguno y sólo le queda cancelar porque el aseo está incluido en el recibo de Corpoelec.
El problema no se circuncribe a Iribarren porque también en Palavecino las quejas provienen de todas partes, e incluso, algunos han optado por dejar que les corten la luz para no seguir pagando las altas tarifas del aseo.
Pero la mayoría de las críticas se relacionan con las tarifas por el servicio de agua, que algunos calculan fueron incrementadas en un 300 %, lo que consideran ilegal.
Esos incrementos se sienten, no sólo en las casas y establecimientos comerciales sino también, supuestamente en mayor grado, en los edificios residenciales.
Uno de ellos, residencias Los Cardones, pagaba 12 mil bolívares mensuales y ahora los habitantes, a través de la junta de condominio, deben desenbolsar 20 mil, o sea un 100 % más.
Ante las numerosas denuncias, el abogado Heimold Suárez se decidió a actuar el año pasado y luego de acudir al CLEL y la Defensoría del Pueblo sin conseguir apoyo, se reunió con la contralora del estado, quien, según informó, se mostró interesada en adelantar una investigación.
“En ese Consejo Legislativo lo que hay es una sociedad de cómplices porque al menos dos de los diputados han sido directivos de Hidrolara”, enfatizó.
También introdujo un recurso de amparo ante el Tribunal Contencioso y Administrativo para derogar las más recientes tarifas de Hidrolara.
Dijo que cuando acudió al CLEL no lo atendió ningún diputado, ni siquiera Luis Contreras, que preside la comisión a la que compete ese tema, y en cuanto a la Defensora del Pueblo, apenas disponía del material que él mismo le suministró en el 2015.
Pero Suárez no se ha amilanado con esa indiferencia y también se reunió con la directiva del Colegio de Abogados en lo que fue un primer paso para estudiar la posibilidad de que todos los gremios, así como también el arzobispo de Barquisimeto, suscriban un manifiesto rechazando las tarifas de servicios públicos que sean consideradas exageradas.
Sin subsidios
Pero desde Imaubar e Hidrolara, sus titulares, ingenieros Miguel Rojas y Pedro Sánchez, respectivamente, justifican el incremento tarifario porque ambos organismos también están afectados por la inflación imperante en el país.
Rojas explicó que las tarifas dependen del servicio que se presta en cada una de las tres categorías: residenciales, vomerciales e industriales, en que está dividido.
Y el hecho de que el recibo del aseo tenga cifras superiores a las de la electricidad se debe a que Corpoelec es subsidiada por el Gobierno nacional, mientras que Imaubar depende de su recaudación para los gastos de operaciones, y últimamente, cubrir los aumentos de sueldos y salarios decretados por el Presidente de la República.
Hizo un llamado a aquellos suscriptores que consideren estar pagando por encima de lo normal, acudir a la oficina de reclamos que el instituto tiene en el centro comercial El Recreo, avenida Libertador.
Sánchez, por su parte, también justificó el incremento tarifario en la escalada inflacionaria y que la hidrológica larense no recibe subsidio alguno por parte de Hidroven, que sí lo hace con otras.
También dijo que los gastos se han incrementado exageradamente y puso como ejemplo que los químicos aumentaron 230 % y equipos en un 630.
“Si no hay ajuste tarifario hay degradación del servicio, nos quedamos sin agua potable”, enfatizó.
