Los precios de los productos químicos, las tarifas de las operadoras que hoy por hoy prestan el servicio a la hidrológica, los incrementos de sueldos y salarios decretados por el Presidente de la República y la tasa de inflación son algunos de los elementos que se evalúan a la hora de colocar la tarifa del servicio de agua potable, señaló el diputado ante el Consejo Legislativo del estado Lara, Orlando Miranda, quien fue presidente de Hidrolara en 2007.
“Cuando ponderan estos elementos se proyecta el valor del servicio en sus diferentes renglones tales como popular, residencial, industrial y oficial. El sector residencial contempla la clase media apostada en el centro de Barquisimeto y centros urbanos de los municipios. El industrial corresponde a las empresas y finalmente el sector oficial comprende los entes gubernamentales.
Según Miranda, el sector más afectado es el social o popular, por tanto que no recibe el servicio con regularidad. Incluso, habitantes de esas localidades pueden pasar más de 15 días sin una gota de agua, lo que se intenta solventar mediante camiones cisternas.
En el caso del sector residencial el diputado explica que la hidrológica debería implementar un sistema de pago para que la gente se ponga al día ya que en este renglón la institución contabiliza múltiples deudas por parte de los usuarios.
“Las políticas que asume Hidrolara desde el punto de vista comercial no están funcionando. Obviamente, ellos quieren resarcir esa deuda que los usuarios mantienen desde hace muchos años con el incremento de la tarifa de agua potable”.
En los sectores industriales y oficiales el caso es similar al residencial. Múltiples usuarios no se han ponen al día con el servicio.
“El gobernador, los directores regionales y ministerios deben definir una estrategia a fin de abonarle recursos a esa deuda y así cubrir los déficits presupuestarios de la hidrológica. Por ejemplo, cuando fui presidente de Hidrolara se hizo un convenio con Corpoelec, en esa oportunidad se canceló la deuda hasta el año 2005. También se establecieron convenios ministeriales”.
El parlamentario indica que lo que ahora ocurre es que la estructura comercial de la hidrológica está desmontada totalmente y solo está dedicada al cobro del recibo de agua, que se ha incrementado en 19 oportunidades.
Miranda rechaza “el mensual y despiadado incremento de la tarifa. Se trata de 150% de aumento en dos meses sin que exista una justificación que demuestre el porqué de esos incrementos”.
Ante esta situación, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Políticas Ambientales introdujo un recurso ante el Contencioso Administrativo a fin de que no se produzcan más aumentos y dejar sin efecto los aumentos del mes de febrero. De igual manera solicitó una auditoría por parte del Ministerio de Ecosocialismo y Agua para que compruebe si tales precios se ajustan a la realidad, de lo contrario, se tomarán medidas penales con el objeto de llegar al fondo de esta situación que de ninguna manera favorece a los larenses.
