Los trabajadores de Alentuy, ubicada en la Zona Industrial de Barquisimeto, se declararon en conflicto, puesto que rechazan la forma como los miembros de la junta administradora de la expropiada empresa dirige la misma.
En una asamblea general extraordinaria celebrada este jueves, acordaron pedir la destitución del presidente y otros directivos del organismo encargado de dirigir sus operaciones, así como no permitir su ingreso a las instalaciones.
Julio Escalona, directivo del Sindicato Bolivariariano de Trabajadores Metalúrgicos, en compañía de la mayoría del personal, entregó un documento en el que se señalan las irregularidades en las que, supuestamente, estarían incurriendo Josef Araujo y el resto de la junta administradora.
Les responsabilizan de “ manejo negligente de los recursos que el Estado venezolano ha destinado para el mantenimiento de la infraestructura, maquinarias y equipos necesarios para garantizar la operatividad de la empresa y el suministro contínuo y oportuno de las diferentes materias primas necesarias para los procesos de elaboración de envases y pastillas de aluminio”.
Igualmente les señalan de estar poniendo en riesgo la salud económica, así como la vida de los trabajadores.
Entre los incumplimientos que denuncian está la entrega de uniformes, desde 2010; equipos de protección personal desde la misma fecha; cancelación del Seguro Social desde el 2015; servicio médico ocupacional, pese a ser una empresa calificada como de alto riesgo; exámenes médicos toxicológicos periódicos, clínicos, paraclínicos y de laboratorio, pre y post vacacionales, como lo establece la ley correspondiente; programa de seguridad y salud en el trabajo y el programa de seguridad, salud y recreación para ellos y sus familiares y boicot a la elección de delegados de prevención.
Los trabajadores de Alentuy también se refirieron a la maquinaria señalando que “el nivel de deterioro de maquinas es crítico, llegándose a desmantelar algunas para reparar otras.
Denunciaron igualmente que existen líneas de producción inoperativas por fallas eléctricas o electrónicas debido a que desde hace más de un año no les suministran repuestos.
Escalona dijo que son 529 los afectados y que han acudido a la Inspectoría del Trabajo e Insasel y no han hecho nada para remediar la situación y que están dispuestos a asumir ellos la administración de la empresa.
