La evolución de la situación política del país tendrá un momento decisivo en las presidenciales de 2018. De avanzarse en el proceso de diálogo, es probable que se produzca una alternancia y que el candidato de la oposición se convierta en Jefe de Estado. De no concretarse estas negociaciones, será difícil que la alternancia tenga lugar, porque supondría, para quienes están hoy en el Gobierno, consecuencias equivalentes al derrocamiento por la vía de un de golpe militar: destierro del sistema, exclusión de las instituciones y hasta un posible aniquilamiento.
Ahora bien, aparte de las consideraciones políticas, los resultados electorales de 2018 estarán determinados esencialmente por los efectos del cuadro económico sobre las condiciones de vida de la gente. Como se sabe, el respaldo electoral al sector gubernamental se ha venido deteriorando de manera persistente por el descontento que han generado la escasez y el aumento de los precios de los bienes y servicios, lo que impide que sean cubiertas las necesidades básicas de la población, en particular las de alimentación.
Las dificultades económicas por las que atraviesa el país tienen que ver con el descenso de los precios del petróleo y con acciones de la denominada guerra económica en la que se inscriben acciones de boicot en el sistema financiero internacional y prácticas comerciales ilícitas como la especulación y el contrabando. Pero también hay que señalar, como un aspecto de mucha importancia, los errores en la conducción de las líneas macroeconómicas, que incluyen elementos fiscales y monetarios y, de manera fundamental, las políticas cambiarias.
El control de cambio de las divisas, extendido más allá de un período prudencial para evitar las fugas, ha generado un gran desorden en la formación de precios, ha limitado el crecimiento de la producción nacional, afecta la inversión petrolera y es el pasto de un incontrolable enriquecimiento ilícito. Por supuesto, no hay una medida mágica de estabilización, como se sugiere muchas veces al proponerse la liberación brusca del mercado del dólar. En realidad se requiere de una política integral que contemple un manejo adecuado de la emisión de moneda y, sobre todo, de decisiones fiscales en las que se amplíe la recaudación de impuestos y se ajuste el gasto público sin afectar la distribución social del ingreso. Un primer paso consistiría en levantar las restricciones legales que impiden que los privados utilicen sus propios dólares para la compra-venta.
Solo en la medida en que el gobierno nacional logre articular este conjunto de decisiones, que a su vez permitirán incrementar la producción, mejorar el abastecimiento y detener el incesante incremento de precios, el sector gubernamental logrará recuperar su base electoral y competir con posibilidades éxito en los comicios presidenciales de 2018. De no alcanzar ese objetivo, perdería las elecciones y habría una alternancia en el Ejecutivo, la que tendría que organizarse en el marco de una negociación que garantice la cohabitación futura y mecanismos de convivencia.
