El Gobierno de Brasil atribuyó el caso de la adulteración de la carne a un delito de corrupción y no a un problema de salud pública o de falta de control sanitario, mientras el presidente, Michel Temer, admitió que el escándalo coloca al país en una “situación embarazosa”.
“Evidentemente eso causó, no puedo dejar de registrarlo, una situación embarazosa para Brasil porque llevó a algunos países a, de alguna forma, pensar en suspender las compras de carne”, afirmó el jefe de Estado durante la inauguración de la Conferencia de las Ciudades Latinoamericanas en Brasilia.
No obstante, agregó, “los números muestran la insignificancia de la operación”, porque sólo 3 de los 4.383 frigoríficos de Brasil fueron intervenidos por la Policía y únicamente 21 están bajo investigación.
El descubrimiento de que algunas empresas adulteraban distintos tipos de carne para vender productos vencidos o no apropiados para el consumo llevó a China, Chile, Hong Kong y la Unión Europea (UE) y Suiza, entre otros, a anunciar restricciones temporales a las importaciones de carnes brasileñas.
Según la Policía, varias de las principales cárnicas del país, entre ellas JBS y BRF, con la complicidad de fiscales sanitarios corruptos, “maquillaron” con productos químicos carnes que estaban en mal estado y no cumplían con los requisitos para la exportación.
“No es el control sanitario el que está en tela de juicio, sino hechos de corrupción graves y lamentables”, afirmó este martes el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, durante una visita a una planta procesadora avícola de la firma JBS en la localidad de Lapa, en el estado de Paraná.
