El gobierno de Nicolás Maduro seguramente ordenó al Consejo Nacional Electoral a montar un nuevo obstáculo a la oposición, aprobando un Reglamento que no sólo obliga a los Partidos Políticos a legalizarse nuevamente, sino también a crear condiciones para posponer las elecciones a gobernadores y consejos legislativos regionales, con el claro objetivo de prolongar su permanencia en el poder, porque de convocarlas en el primer semestre de 2017, tal como lo anunció la Presidenta del CNE en el mes de diciembre, perderían la mayoría de esas entidades públicas, que sin duda debilitarían más el poder centralista y autoritario del Presidente.
Ante esa realidad los Partidos Políticos son colocados frente a la alternativa de aceptar el desafío de concurrir a validarse, tratando de vencer los obstáculos que les pone el régimen autoritario que actúa al margen de la Constitución Nacional, o dejar que mediante otro decreto arbitrario, el gobierno declare ilegales los partidos y a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convoca a elecciones con el PSUV como partido único, y posiblemente con algunos partiditos adecuados a sus intereses.
De allí que los Partidos Políticos con mayores posibilidades de vencer la maniobra ventajista del gobierno, hayan decidido convocar a sus militantes a validar su organización, con lo cual no sólo garantizan su presencia en la calle, sino que abren un camino hacia la derrota del gobierno, reiteran su vocación democrática de usar el voto como el mecanismo para liberar al país del autoritarismo y del militarismo, incluso garantizar a los partidos minoritarios su futura legalización y reconocimiento como parte importante de la democracia.
Y aunque es previsible que el gobierno continúe colocando trabas al proceso democrático electoral, la realidad política nacional indica que los Partidos Políticos están llamados y enfrentar las violaciones a las Leyes y a la Constitución Nacional, en el marco de lo que señala la propia Carta Magna, sobre todo en estos momentos cuando la mayoría de los países miembros de la OEA analizan el documento que les presentó el Secretario General, Luis Almagro, en el que considera necesario aplicarle la Carta Democrática Interamericana al régimen que preside Nicolás Maduro.
Y aunque la solución de la profunda crisis económica, política y social que atraviesa el país, es responsabilidad de los venezolanos, en la época integracionista y globalizada, por decisión de los propios gobernantes que han aprobado los tratados internacionales, se garantiza la no intervención en los asuntos de la vida normal de las naciones, pero cuando se rompe la legalidad y se violan los acuerdos internacionales, el gobierno del país infractor se expone a sanciones diplomáticas y económicas. Las diplomáticas contemplan el rompimiento de relaciones de los países democráticos contra el régimen que delinque. Y en lo económico, la ruptura de intercambios comerciales.
A una posible presión internacional contra el autoritarismo y el militarismo de Nicolás Maduro, los Partidos Políticos nacionales tienen el derecho a solicitar que el gobierno cumpla con la Constitución Nacional y ponga en manos y en la voluntad del pueblo soberano, el destino de la nación, convocando a elecciones. Eso es lo que justifica que varios Partidos Políticos movilicen a sus militantes para renovar la legalidad de sus organizaciones y mantener la presión, con el voto y una nueva victoria desde la calle.
