El planteamiento realizado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en el cual sugiere la expulsión del país si no hay convocatoria a elecciones, sigue generando reacciones y en esta oportunidad se pronunció el Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, en la voz de su presidente, diputado Ángel Medina.
En rueda de prensa, recordó que el pasado miércoles, el seno de la Comisión de Política Exterior de la AN aprobó iniciar una consulta pública con todos los sectores que hacen vida en el país, con el objetivo de debatir el alcance de la Carta Democrática Interamericana, y en ese sentido, certificó que, tras un año de haberse iniciado el proceso en la OEA y observando que el diálogo no generó resultados, el Parlamento debe promover el conocimiento sobre el mecanismo y evidenciar la profundización de la crisis.
“Esta discusión de la Carta Interamericana Democrática ya la hicimos el año pasado, nada se ha resuelto desde entonces. Por el contrario las condiciones de los venezolanos han empeorado. Violan nuestros derechos al prohibir que elijamos nuestro destino al suspender el Revocatorio, mantienen suspendidos los comicios regionales y no tenemos un programa cierto sobre las elecciones en Venezuela. Los venezolanos no conocemos a ciencia cierta cuándo podremos a través del voto decidir el destino de la nación”, argumentó.
Agregó que a este nuevo abordaje se le agrega el incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre Gobierno y oposición durante la mesa de negociación, entre los que destacan la apertura de un canal humanitario, la publicación de un cronograma electoral y el reconocimiento de la Asamblea Nacional como un poder electo por el pueblo.
Elecciones, la solución más barata
Para el internacionalista Eloy Torres Román, la Carta Democrática no debe asociarse con una intervención o una agresión extranjera o específica de Almagro, sino como una alerta a todas las violaciones que el Gobierno nacional está cometiendo, partiendo de la negativa a celebrar elecciones generales dada la tensión que reina en el país.
“Esto significa una sanción política y moral para el Gobierno de Nicolás Maduro. Hay que convocar a elecciones como lo establece la Constitución. Tal vez este camino sea la solución más barata y expedita con lo cual Venezuela podría resolver sus problemas mediante un cambio político y la aplicación de un nuevo modelo económico que satisfaga a la mayoría de este país, y no a una minoría situada en la corrupción y en el monopolio del poder”, opinó.
