El modificado veto migratorio del presidente Donald Trump sufrió una nueva derrota en las cortes federales, después de que un juez en Maryland bloqueó el jueves de madrugada el decreto que afectaba a ciudadanos procedentes de seis países predominantemente musulmanes.
El juez Theodore Chuang se pronunció en una demanda entablada en Greenbelt, Maryland, cerca de la capital del país, por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones que representan a inmigrantes, refugiados y sus familias.
Los grupos alegaron que el objetivo latente de las restricciones migratorias era discriminar a los musulmanes, lo que las haría anticonstitucionales. Chuang concedió una suspensión preliminar del decreto a nivel nacional.
Los abogados del Estado argumentaron que la medida se modificó de forma considerable en comparación con una versión anterior, firmada en enero y que después fue bloqueada por un juez federal en el estado de Washington. Los abogados informaron que el decreto se presentó en interés de la seguridad nacional para proteger a Estados Unidos del «terrorismo islámico radical».
Los demandantes en Maryland también alegaron que las restricciones reducían de forma ilegal el número de refugiados a los que se permite entrar en Estados Unidos este año.
Chuang concedió una suspensión preliminar en todo el país a la espera de nuevas órdenes del tribunal. El juez declinó dejar la decisión en suspenso en caso de que se presentara una apelación de urgencia.
Otro juez federal en Hawai había suspendido la entrada en vigor del decreto, poniendo en duda que el gobierno estuviera motivado por preocupaciones sobre la seguridad nacional.
El fallo del miércoles vino del juez federal de distrito Derrick Watson de Honolulu, quien rechazó los argumentos oficialistas de que las restricciones tienen que ver con la seguridad nacional y no con discriminación. Watson afirmó además que Hawai se vería perjudicado económicamente, ya que el decreto reduciría la entrada de estudiantes y turistas a ese estado y que el decreto viola la Primera Enmienda de la Constitución, que prohíbe la discriminación por razones religiosas.
Watson criticó los argumentos del gobierno, calificándolos de «ilógicos» y denunciando «evidencias significativas e inequívocas de un ánimo religioso» detrás de las restricciones. Destacó que si bien el sistema judicial no debería estar examinando «la psiquis subyacente» y «los motivos ocultos» de los responsables del gobierno, «los hechos sobresalientes en este asunto no requieren semejante indagación».
«Por ejemplo, no hay nada oculto en este comunicado de prensa: ‘Donald J. Trump pide una prohibición total y completa de la entrada de musulmanes a Estados Unidos»’, escribió Watson citando una declaración de Trump de cuando era candidato.
Trump calificó la determinación del juez de Hawai como un ejemplo de «exceso judicial sin precedente» y dijo que su gobierno apelaría ante la Corte Suprema de la nación.
También dijo que el nuevo decreto era una versión atenuada de su decreto original, que según dijo, todavía desea poder implementar.
«Vamos a ganar, vamos a mantener a salvo a nuestra ciudadanía», dijo el mandatario en un mitin en Nashville. «El peligro es obvio, la ley está clara, la necesidad de implementar mi orden ejecutiva es obvia».
Si el gobierno solicita un recurso de amparo contra la decisión de Watson en el Noveno Circuito, el asunto sería ponderado por jueces distintos a los que estudiaron el tema el mes pasado. Ello se debe a que los jueces asignados a estudiar cada tema van rotando por mes, dijo el portavoz del tribunal David Madden.
