Los establecimientos pasarán a manos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), grupos comunales que distribuyen alimentos a precios subsidiados en zonas populares, informó en una entrevista difundida este jueves el superintendente para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, William Contreras.
El funcionario justificó la expropiación de los locales al acusarlos de cobrar las barras de pan por encima del precio, acorde a su peso, establecido por el gobierno.
«Tienen producción continua, pero ¿cuál es la primera novedad? Que el pan canilla (barra de pan) debe pesar 180 gramos. Estos señores lo procesan en 140 gramos y lo cobran como de 180», denunció Contreras en el diario de línea oficialista Ciudad Caracas.
El operativo, según Contreras, también dejó cuatro personas detenidas.
«La van a pagar, yo se los juro. Los responsables de la guerra del pan la van a pagar y después no vayan a decir que es una persecución política», advirtió el presidente socialista Nicolás Maduro en su programa televisivo, el domingo, cuando anunció que habría expropiaciones y detenciones.
A los dos días, cientos de policías, militares y fiscales salieron a inspeccionar panaderías en Caracas.
Su objetivo es garantizar que 90% de la harina de trigo que los panaderos compran al gobierno -que monopoliza con un férreo control de cambio las divisas para importar alimentos- se use en barras de pan, en lugar de otros productos como pasteles y tortas, y que estén disponibles a toda hora.
El último precio fijado para la barra de pan es de 250 bolívares (0,35 dólares a la tasa oficial más alta); sin embargo, en la calle se consigue hasta en 900 bolívares (1,2 dólares).
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