En artículos previos he intentado explicar algunos tópicos relacionados con la coyuntura económica y con los problemas de política económica derivados de la difícil situación en la que estamos inmersos.
En esta oportunidad me gustaría cambiar el contenido para analizar un tema que generalmente pasa desapercibido a la hora de tomar decisiones de política públicas encaminadas a enfrentar precisamente los problemas económicos. Para ello debemos remontarnos al concepto social de economía. Lionel Robbins, a comienzos del siglo pasado, desarrolló una nueva concepción de la economía y la definió como “la ciencia que estudia las formas del comportamiento humano que resultan de la relación existente entre las necesidades ilimitadas y los recursos escasos….”
Lejos de creer que la economía es una ciencia matemática dominada por algoritmos, ecuaciones y proyecciones econométricas, es, ante todo, una ciencia social, pues estudia tanto la conducta social del individuo como de quienes toman las decisiones, a fin de corregir su rumbo. De hecho, existe una rama denominada “economía del comportamiento” que se dedica a estudiar las razones por las cuales se observan decisiones que podrían ser calificadas de “irracionales”, al compararlas con las que ocurrirían bajo un esquema “racional”.
Según el Diccionario Razonado de Economía (Esteves 2001) “racionalizar es el acto de adoptar consideraciones lógicas para lograr la explicación de un fenómeno o seguir una conducta“. En economía se habla de conducta racional desde el punto de vista del individuo, cuando busca maximizar su satisfacción como consumidor; como productor cuando escoge los métodos más eficientes para producir; y como Estado cuando sus decisiones se adoptan a una lógica económica que no admite discusión.
Lamentablemente, este no es el caso de nuestros tomadores de decisiones de política económica en nuestro querido país. Veamos algunos casos.
En el mes de diciembre de 1999 se aprobó la Constitución Nacional vigente, que otorgaba al Banco Central de Venezuela rango constitucional por primera vez en su historia. En el artículo 320, por ejemplo, se señalaba que: “En el ejercicio de sus funciones no está subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias”.
Podríamos señalar que esta decisión tiene lógica económica. Tanto es así que casi todos los países del mundo la han acogido en sus respectivas leyes. Sin embargo, en julio de 2005 se cometió el más craso error histórico en materia monetaria, cuando en un acto de “irracionalidad económica“ se modificó la Ley del Banco Central de Venezuela al crear una figura nunca antes existente denominada “Reservas Excedentarias“, mediante la cual todo exceso de las Reservas Internacionales sobre 24.000 millones de dólares serían retirados del BCV y trasladadas a unos fondos especiales manejados directa y discrecionalmente por una sola persona, el Presidente de la República. A nuestro juicio esta fue una decisión desprovista de “lógica económica“ cuyas consecuencias hoy en día estamos pagando. Si esa medida no se hubiera tomado nuestras Reservas Internacionales serían probablemente las más elevadas de América Latina y nuestra moneda no estaría tan devaluada.
Petróleos de Venezuela ha experimentado una continua y sistemática desviación de sus propios recursos financieros por parte del Ejecutivo Nacional para fines muy distintos y distantes de su actividad medular, que es la producción petrolera. Los compromisos adquiridos con China y Petrocaribe, incluyendo a Cuba, hacen que al país le dejen de entrar aproximadamente 2 millardos de dólares mensuales (El Nacional dixit) y el financiamiento de Pdvsa a las misiones y otros gastos irreproductivos la han colocado en una situación de minusvalía económica.
Esta es otra decisión impregnada de “irracionalidad económica“, no sólo porque la estatal petrolera se ve agobiada por un déficit permanente que lo financia indebidamente el instituto emisor, sino porque adicionalmente ha mermado su capacidad de producción, a causa de la ausencia de inversión en equipos y en mantenimiento en momentos tan cruciales como estos, cuando el precio del barril del petróleo llegó a sus niveles más bajos en los últimos diez años.
Otra de las grandes paradojas de la economía venezolana de los últimos quinquenios ha sido los niveles de endeudamiento público. Nuestra economía resulta ser una de las más controversiales del planeta, donde la “lógica económica“ pierde todo sentido de “racionalidad“. No se justifica, bajo ningún pretexto, que a pesar de la inmensa y extraordinaria cantidad de recursos financieros provenientes de la venta de petróleo en los últimos quince años, los mismos no se hayan canalizado a solucionar los ingentes problemas que enfrenta nuestro país, y lejos de ello nos encontramos ante una crisis económica que no resulta tarea fácil solventar a corto plazo. Es importante subrayar que la crisis se enquista en nuestra economía mucho antes de la disminución de los precios petroleros, como lo hemos explicado en anteriores entregas.
Estos elevados niveles de endeudamiento, tanto interno como externo, que según cálculos de los analistas económicos nacionales e internacionales se ubican en dos terceras parte del Producto Interno Bruto (hablamos de más de 250.000 millones de dólares aproximadamente) comprometen el flujo de caja del Gobierno, que prácticamente ha tenido que hacer “malabares financieros” que hemos presenciado este año para poder honrar los elevados compromisos de la deuda externa y evitar así el peligro de caer en una cesación de pagos internacionales.
Otra de las medidas de política económica que carecen de “lógica económica“ es la tendencia a un déficit fiscal permanente, producto de que el gasto público en los últimos cinco años ha sido superior a los ingresos públicos, generando un déficit promedio durante ese periodo de 15 puntos del Producto, con el agravante de que en 2016 se ubicó en alrededor del 20 % del PIB, por razones imputables a la disminución de los precios petroleros, al desorden fiscal existente, a la emisión permanente de dinero inorgánico y a no haber alimentado en los años previos al llamado Fondo de Estabilización Macroeconómico, que se había creado con tales propósitos. La “Irracionalidad económica“ de este abultado déficit fiscal es, a la luz de las consideraciones anteriores, que en él se incurrió al mismo tiempo que los precios de los hidrocarburos alcanzaban sus niveles históricos más elevados de toda su historia.
No podríamos dejar fuera la “ilógica“ medida de mantener por tantos años cuatro tipos de cambio, a saber: el protegido, el Dicom o tasa variable; el tipo de cambio fronterizo; y el llamado dólar paralelo. Ninguna economía del mundo puede funcionar con una irracionalidad cambiaria de esta magnitud.
Finalmente, pero no menos importante, otra medida reñida con la lógica económica es la ausencia de estadísticas macroeconómicas de nuestro país, como ha venido ocurriendo desde finales de 2015.
Algunos analistas económicos consideran que una parte importante de la percepción de riesgo-país que tienen tanto los inversionistas como los analistas de riesgo internacionales, obedece precisamente a la ausencia de estadísticas económicas oficiales.
En conclusión podríamos inferir, que buena parte de las medidas de política económica que se han tomado en los últimos años han carecido de “racionalidad y lógica económica“, puesto que no solo no han podido resolver los ingentes problemas económicos que ha enfrentado nuestro país, sino que las ha conducido a una crisis económica de devastadoras consecuencias para Venezuela.
