El acuerdo parlamentario de la declaratoria de abandono de cargo de Nicolás Maduro, el 9 de enero de este año, fue suficientemente motivado, pero dejado sin efecto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 26 de ese mes, como ha sido el mismo pronunciamiento sobre otras todas las actividades de la Asamblea Nacional, bajo el argumento de un supuesto desacato.
-¿Ha habido o no desacato?
El Dr. José Vicente Haro, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela y presidente de la Asociación Venezolana de Abogados Constitucionalistas, dice que ese desacato vendría, según la Sala Constitucional, como lo ha reiterado en los fallos, por la no desincorporación de los diputados del estado Amazonas, un compromiso de la Mesa de la Unidad Democrática en el acuerdo del 12 de noviembre de 2016.
Esa desincorporación se intentó hacerla el mismo día que se declaró el abandono del cargo de Maduro y, supuestamente, ya para ese momento estando en la Asamblea en desacato, la desincorporación no cumplía las formalidades que exigía el aparato institucional.
-¿En qué situación estamos?
-Apoyándose en esas formalidades, la Sala Constitucional no sólo dejó sin efecto la declaración de abandono del cargo sino también cualquier tipo de medida que adopte el Parlamento como acaba de pasar con la investigación que se hizo a Rafael Ramírez. Resulta impresionante decirlo, pero la Sala Constitucional estableció en un fallo, donde no reconoce la junta directiva de la Asamblea como legítima y sólo reconoce a la directiva presidida por Henry Ramos, Enrique Márquez y Calzadilla. No sólo es cuestionado el parlamento, sino que la voluntad del pueblo no es respetada. Y prácticamente ha dejado inoperativo, en la práctica, la Asamblea, aunque ésta sigue trabajando como debe ser. No se puede detener ante estas decisiones arbitrarias tomadas por la Sala Constitucional.
Ante este cuadro, ¿cuál es su conclusión?
-Hay que ser muy preciso. El alegato de la oposición y también a nivel internacional, cuando Chávez estaba vivo, era que su gobierno era autoritario, de concentración y abuso del poder, de violación de la Constitución. Esto ha pasado a un estado peor y más grave: es una dictadura con apariencia de legalidad para imponer un régimen, porque no es un gobierno, cívico militar amparado en el supuesto apoyo que tendría, por una parte, de afectos civiles y, por la otra, de la Fuerza Armada.
Este régimen atenta contra la Constitución porque va contra lo establecido en su artículo 328, el cual es muy claro: la Fuerza Armada no debe obedecer a parcialidad política alguna. No debe practicar proselitismo político. No puede militar en partidos políticos. Y no puede actuar favoreciendo a algún partido.
A través del apoyo del ministro Vladimir Padrino López y del alto mando militar, y ahora con el complemento de Tareck El Aissami, como vicepresidente ejecutivo, han trabajado por consolidar eso que llaman el gobierno cívico militar, que yo llamo régimen cívico militar, para imponer esta dictadura, caracterizada por un evidente corte militar, socialista de tinte comunista y de corte totalitario en el sentido de que se quiere controlar incluso el pensamiento de la gente.
-¿Cómo?
-Cerrando medios de comunicación, cancelando canales de noticias o canales de televisión que son incómodos, incluso tratando de influir en la forma de pensar, a través del adoctrinamiento utilizando redes sociales como ha sido denunciado últimamente y anunciado por la fuerza armada. Ese régimen cívico-militar del cual hacen referencia Maduro y Padrino, debo aclarar, no es constitucional. Este régimen que representa un fraude al sistema democrático, a la Constitución y a la soberanía popular Y quiere mantenerse en el poder, independientemente de lo establecido en la Constitución y de la obligación de hacer elecciones o no.
El problema grave está en el hecho de que los venezolanos hemos llegado a esta situación porque, lamentablemente, siempre pensamos y apelamos a los militares como si ellos fueran la solución del problema. Los militares nunca son la solución del problema, son muchas veces las causas del problema. Y esa participación ahora decisiva en el régimen comenzó al inicio del siglo con aquel Plan Bolívar 2000.
Desde el momento en que nosotros dejamos que eso empezara y pasara, y dejamos que se militarizaran los principales ministerios, industrias y cargos que son para civiles, nosotros entramos y le abrimos la compuerta a ese régimen cívico militar. Y desafortunadamente ahora va a ser mucho más difícil poder cambiar el estado de estas cosas, porque la Fuerza Armada ha demostrado que ahorita está apoyando este régimen.
A pesar de que analistas y algunos dirigentes políticos dicen que la institución armada esta dividida, como lo está la población civil, en lo particular yo veo que ha cerrado filas con el régimen. Y así ha sido al nivel más elevado con las declaraciones que suministra Padrino; pero, también se ve a nivel bajo porque cuando se han producido las protestas públicas de calle, quienes van a reprimirlas son los Guardias Nacionales. Éstos son personas de a pie, que tienen algunos familiares que realizan esas manifestaciones, que sufren a consecuencia de los mismos problemas por los cuales los civiles protestan, pero que están convencidos en respaldar al régimen.
Nos encontramos en una situación muy grave, donde la institucionalidad militar se ha convertido, prácticamente, en una pieza fundamental de este régimen cívico militar.
-Mediante el decreto 2.362, de julio de 2016, el Presidente le confirió autoridad a Padrino para que los ministros le rindieran cuentas.
-En ese momento todos pensamos que Padrino se convirtió en el súperministro. Así lo recogieron los periódicos y otros medios. Y eso es verdad. Padrino tiene mucha fuerza dentro del consejo de ministros. Además se nota porque cada vez que el Presidente hace una alocución siempre recurre, avala o busca el asentimiento de Padrino. Y también hay que recordar el decreto por el cual se le dan atribuciones extraordinarias al vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami.
