En el 2015 fueron designados los magistrados que actualmente se encuentran en las riendas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Así comenzó una larga lista de procedimientos irregulares por parte de este poder, cuestión que ha sido estudiada por parte de diversas organizaciones.
Acceso a la Justicia en conjunto con Movimiento Vinotinto realizaron ayer un conversatorio denominado Justicia en Venezuela, en las instalaciones de la Universidad Fermín Toro (UFT), donde tres ponentes presidieron la actividad a la que asistieron aproximadamente 70 personas, en su mayoría masa estudiantil.
La directora y fundadora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, quien formó parte del panel de experto que se presentó, explicó que la ONG que dirige se encarga de revisar y supervisar lo que realiza el TSJ, determinando si realmente cumple la constitución, defiende a los ciudadanos o si busca sentenciar a favor del poder ejecutivo.
“Lamentablemente los resultados no son buenos, pues se ha evidenciado que cuando las denuncias son hechas por representantes del gobierno o del partido oficialista las respuestas son a favor y muy rápidas, que por el contrario, cuando se va a perjudicar algún relacionado a ellos o implica quitarles poder puedes tardarse más de un año y serán en contras” relató Louza.
De igual forma, el gerente de esta misma organización, Alí Daniels expresó que con estas actividades buscan mostrar a los ciudadanos como la mala gestión del poder judicial no solo afectó a un partido político o una persona en especial, sino que “nos afecta a todos”.
“Se han multiplicado de 80 a 90 mil anuales, a más de 260 mil anuales” refiriéndose a las imputaciones que ha decretado el TSJ en 2016.
Asimismo aseguró que los casos donde más se viola la constitución, los derechos y las competencias del cuerpo judicial, son aquellos que se evalúan a destiempo o los que no se hacen públicos.
“Uno a veces no se explica porque no las publican, pero cuando las sacan a la luz, nos damos cuenta y es porque pueden llegar a decretar que no se investigue la corrupción como el caso de Rafael Ramírez” destacó Daniels.
Por otra parte, Manuel Virgüez, director de Movimiento Vinotinto, también formó parte del grupo orador del conversatorio, en este caso se refirió a la investigación que vienen realizando con respecto a la judicialización y criminalización de los derechos socioeconómicos.
“Cómo se han detenidos consumidores en colas, periodistas registrando cualquier tipo de hechos precisamente en los saqueos o filas para comprar productos de primera necesidad, del envío de civiles a jurisdicción militar no solo en las protestas e incluso como se ha criminalizado la búsqueda de medicinas” destacó Virgüez.
Es por esto que continúan realizando actividades, hoy habrá un conversatorio en las instalaciones del Colegio de Abogados, donde participarán tanto Acceso a la Justicia como Funpaz y el Foro Penal, acá se tratará el tema de los presos políticos y los dictámenes en relación directa al ejecutivo nacional desde las 9:00 de la mañana.
