La Asamblea Nacional aprobó este miércoles en sesión ordinaria el Acuerdo sobre las muertes violentas ocurridas en los primeros meses del año 2017, en medio de un debate en el que una víctima de la violencia relató lo ocurrido con su esposo y su hijo.
Para el inicio del debate la Junta Directiva de la AN otorgó el derecho de palabra a la ciudadana Mary Yamilet Arraiz, quien con profundo dolor relató la muerte de su esposos y su hijo, presuntamente a manos de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalística de la ciudad de Guarenas en el estado Miranda.
El hecho ocurrió en enero en su residencia. Al parecer, funcionarios realizaban un operativo y a la fuerza ingresaron a la vivienda de la dama, a quien se llevaron detenida. «Dejé a mi esposo y a mi hijo rodeados por CICPC pero vivos. Los oficiales dispararon al aire «repeliendo fuego»….me secuestraron en Curupao. Los mataron y pretendían que firmara un documento diciendo que fue un enfrentamiento», comentó.
Además la dama envió un contundente mensaje al Presidente de la República: «Hago responsable de lo que nos pueda pasar a Nicolás Maduro y a los funcionarios del CICPC que ya nos han amenazado».
Por su parte, la diputada Delsa Solorzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la AN señaló que «es increíble que el propio Estado no sólo no controla criminalidad, sino que también la produce y la provoca…el Defensor del Pueblo no responde por esta situación.El índice de impunidad es de 98,6%. Son delincuentes de uniforme», dijo.
Aseguró que «este Estado indolente ha sido eficiente en acabar con la pobreza matándonos de hambre o por violencia».
Entre otras cosas el acuerdo que fue aprobado por unanimidad contempla:
- Repudiar la negligencia gubernamental en materia de seguridad.
- Expresar la solidaridad con las víctimas de la violencia.
- Fijar la discusión del Proyecto de Ley Especial de Indemnización a las víctimas del hampa y la delincuencia.
- Exigir el desarrollo de políticas públicas efectivas de prevención y control.
- Enviar el acuerdo a la Alta Comisión de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Dar publicidad al acuerdo.
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