El general Raúl Isaías Baduel podría ser condenado a cautiverio de muerte, porque los delitos de los que se le acusó en esta oportunidad – instigación a la rebelión y traición a la patria- son los que tienen mayor castigo dentro del ordenamiento jurídico penal militar: de 25 a 30 años de encierro. Adicionalmente sería expulsado de la Fuerza Armada y degradado.
Esos son los temores que tiene su abogado Omar Mora Tosta, entrevistado telefónicamente desde la Redacción de EL IMPULSO.
El General en Jefe, encabezó el 13 de abril de 2002, en su condición de comandante de la Brigada de Paracaidistas del Ejército la operación Restitución de la Dignidad Nacional, mediante la cual Hugo Chávez regresó a Miraflores. Posteriormente fue comandante general del Ejército y ministro de la Defensa, se considera un perseguido político por haber estado en desacuerdo con el Presidente Chávez cuando éste en 2007 pretendió reformar la Constitución para imponer el sistema comunista en el país.
Tiene razón, pero va preso
Baduel debió haber recuperado su libertad el pasado viernes 3 de marzo, a las doce del mediodía.
“Ya había cumplido la infame pena a la que había sido condenado en un proceso plagado de irregularidades, donde con pruebas falsas se trató de justificar una acusación por sustracción de dinero de la Fuerza Armada, abuso de poder y contra el decoro militar”, expuso el profesional del Derecho.
En aquella oportunidad logré demostrar que él no había cometido ningún delito, añade. Inclusive esgrimí los finiquitos de la Contraloría General de la República, la cual determinó que tanto en la administración de la comandancia general del Ejército como en el Ministerio de la Defensa había sido impecable. No había razón de juicio.
Pero, como la justicia militar actúa como brazo ejecutor de la política de persecución contra la disidencia venezolana, lo condenaron finalmente.
No hubo siembra de armas
A principios de este año fue instaurado el comando antigolpe, carente de personalidad jurídica, que se estrenó con el caso de Baduel, prosigue el abogado Mora Tosta.
La tarde del 11 de enero una comisión de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) allanó la residencia de Baduel, en Maracay, por orden del tribunal militar.
No consiguieron nada, ni pudieron sembrarle un cargamento de armas que había sido llevado en unas camionetas porque los vecinos rodearon la casa del general, para evitar que se cometiera el abuso en su contra, refirió el defensor del militar.
De casualidad ese día, Baduel estaba fuera de su casa, en una reunión de condominio.
Paralelamente, el informe para proceder al allanamiento reflejaba que él había recibido en su domicilio una cantidad de armas.
Ese expediente quedó congelado en el tribunal militar número 4 de La Guaira, pero de manera absolutamente ilegal, la semana pasada fue acumulado al expediente abierto por los mismos hechos y por el cual han sido detenidos varios militares activos y retirados, entre ellos el general Ramón Antonio Lozada Saavedra, de la Guardia Nacional; y civiles como el profesor Santiago Guevara, de la Universidad de Carabobo.
Son dos expedientes tratando de justificar la solicitud de la fiscalía, de privativa de libertad, antes que se terminara el plazo para que Baduel recuperara su libertad. Es así como el tribunal militar primero de Caracas acumula las causas del tribunal militar 4 de La Guaira.
La ley prohíbe que por los mismos hechos se juzgue a una persona. Pero este insólito procedimiento se ha dado contra Baduel.
Al general no le dijeron que lo iban a llevar al tribunal militar, porque esperaba su libertad.
A Ramo Verde llegó una comisión de contrainteligencia militar, armada hasta los dientes, vestidos de negro y con pasamontañas en sus rostros, relata Mora Tosta. Cuando los funcionarios pretendieron llevárselo a la fuerza, replicó que no iba a ninguna parte a menos que yo estuviera presente y que le presentaran la orden de traslado. Eso no ocurrió.
A empujones y golpes lo bajaron a la fuerza al tribunal, vistiendo franela y short deportivo porque al momento de que se lo llevaron se encontraba haciendo sus ejercicios rutinarios de la mañana. Con esa indumentaria, en actitud de desconsideración y ultraje a su persona, se dio la audiencia.
La defensa recusó a la juez porque no podía conocer del caso, debido a que ya había fungido como juez anterior y titular de ejecución. Sin embargo, violando la ley, declaró ser competente para conocer el caso y procedió a admitir la solicitud del ministerio público, para que el general fuese privado de libertad por los delitos mencionados.
La acusación está soportada en testigos estrellas, suerte de patriotas cooperantes, y de actuaciones nulas, violando el debido proceso y el derecho a la defensa.
Constitucionalista
Para el abogado Mora Tosta, Baduel no actuó el 13 de abril de 2002 para favorecer a Chávez, sino para restaurar el hilo constitucional.
Y en el 2007 se enfrentó personal y públicamente a Chávez para impedir que éste metiera de contrabando en la reforma constitucional el sistema castrocomunista en Venezuela.
No sólo él ha sido perseguido por este gobierno, sino también su hijo Raúl Emilio, quien ha sido condenado a ocho años de prisión por manifestar en la calle y ser militante de Voluntad Popular.
