Abadí nos recuerda que “el primer control de precios de la historia venezolana, se decretó ocho días después de iniciada la II Guerra Mundial, en 1939, diseñado para asegurar el abastecimiento de productos considerados de primera necesidad al prevenir el acaparamiento, y para asegurar que los precios de esos productos fuesen accesibles a la población”.
Las estadísticas disponibles informan que el resultado fue un fracaso, pues, como en todos los ensayos sucesivos, se aceleró la inflación.
Salvo Betancourt, Leoni y Luis Herrera, todos los gobiernos – democráticos o no- en algún momento han recurrido a esta práctica, con resultados similares. Se intenta curar este dolor de cabeza de la economía atacando los efectos, recurriendo a analgésicos que alivian momentáneamente el dolor, pero no remueven las causas del problema.
Agrega la autora en cuestión que “en la actualidad, sigue siendo un tema de primer orden en la política y en la economía venezolana. Y eso es algo que, en todo caso, supone una peculiaridad propia de nuestro sistema económico, marcadamente intervenido por el Estado”. (Prodavinci, 2015).
En tiempos recientes, junto al control de cambios, en febrero de 2003, se implantó un control de precios (25 productos de la dieta básica, cantidad ampliada posteriormente) y un plan masivo de importaciones y subsidios para garantizar el abastecimiento con el fin de impedir el deterioro del salario real y controlar la inflación, según indicó el portal electrónico de Cadivi. El Indecu, y más tarde Indepabis, se erigieron en organismos emblemáticos de vigilancia y control contra la especulación, escasez y acaparamiento, que, según explicación oficial, serían las causas de la inflación.
En 2011 se extienden los controles (de cambios, de precios, de tasas de interés, de distribución) y se promulga la Ley de Costos y Precios Justos. En 2014, mediante reforma parcial de la ley, se establece que el órgano regulador es la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), órgano que, a través de providencias administrativas, persigue “asegurar el desarrollo armonioso, justo equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, a través de la determinación de precios justos de bienes y servicios, mediante el análisis de las estructuras de costos, fijación del porcentaje máximo de ganancia y la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial, a fin de garantizar los ingresos de todas las ciudadanas y ciudadanos (…) para la consolidación del orden económico socialista productivo” (Art. 1).
En 2012 se opta por «dar rienda suelta a las importaciones”, sin que aumentara el ingreso nacional de divisas, con el objeto de abastecer el mercado. Se hizo a un lado el pregón ideológico Soberanía alimentaria en aras de Seguridad alimentaria. La inflación, represada durante 2012, se dispara en años sucesivos, estableciendo nuevos récords: 56,2%, 64,2%, 180,4 en 2015 (se desconocen las cifras de 2016), acompañada esta vez de un aliado inseparable: escasez. Desde agosto 2014 la situación se agrava por la caída de los precios del petróleo, que reduce las importaciones y merma el abastecimiento. La ley de costos y precios, más que regular el precio, quiso controlar la ganancia máxima (fijada en 30%), estableciendo penas y sanciones a los infractores. Funcionarios gubernamentales se encargan de revisar la contabilidad empresarial, y fijar los precios y las remuneraciones. Tarea difícil en un ambiente inflacionario.
En los hechos, la ley era de aplicación casi imposible. Al establecer de manera oficialdos tipos de cambio para el mismo dólar, que sirven de referencia en la determinación de los costos de los productos, automáticamente aparecen dos precios para casi todos los productos, según sea el valor del dólar involucrado. De modo que había precios regulados y precios de mercado. Se quería que Mercal y Pdval expendiesen sólo productos regulados, pero los estudios no lo aconsejaron porque quemaba muchos dólares y porque se quiso que algunos bienes de consumo esencial estuviesen al alcance de toda la población.
Aun cuando no se divulga por resultar inconveniente, es un hecho cierto que desde comienzos de 2016 se abandona la política de control de precios. La superintendencia ha autorizado el incremento de precios de todos los bienes y servicios, empezando por los bienes y servicios que provee el Estado (la gasolina, entre ellos), porque de este modo es posible mejorar el abastecimiento y porque, al aumentar los precios se incrementa la recaudación fiscal que permite financiar el presupuesto público. Podría hablarse de una “inflación consentida” por las autoridades.
De manera silenciosa, desde abril del año pasado la estrategia de precios en Venezuela rompe con los esquemas previos. Una vez desechado el sistema de controles y regulaciones, los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), interrumpen en la escena para regularizar lo que se venía haciendo de manera informal, conformar el sistema dual de precios. Con la diferencia que ahora el núcleo problemático se ubica en el acceso de los bienes regulados, subsidiados. Se ingresa en una modalidad conocida en la literatura económica como discriminación de precios con segmentación de clientes.
Este será el tema a tratar en la próxima entrega.
